El disidente cubano José Daniel Ferrer reclama un «diálogo nacional» tras once días en huelga de hambre
El disidente cubano José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), ha reclamado al Gobierno de Miguel Díaz-Canel «un diálogo nacional respetuoso y constructivo que dé inicio al proceso de transición hacia la democracia», en el marco de una campaña de huelgas de hambre que él lidera y que suma ya unos 60 inscritos.
Ferrer ha denunciado en los últimos días un incremento del «cerco» sobre su vivienda en Santiago de Cuba, que es también sede de la UNPACU, y ha acusado a las autoridades de instalar cámaras de vigilancia en las inmediaciones de su residencia.
El activista toma como referencia el Movimiento San Isidro, impulsado por artistas, para hablar de «un escenario de solidaridad y justos reclamos de derechos y espacios que deben ser consolidados y extendidos por todo el territorio nacional y la Diáspora cubana». «Sin lucha firme, sin crecientes presiones de todos, no habrá libertad ni bienestar en nuestra nación. El opresor no respeta nunca voluntariamente los derechos de los oprimidos», ha esgrimido en un comunicado.
A los «dirigentes de línea dura del régimen», les ha trasladado que no pueden seguir sometiendo a la población «a la miseria extrema y a la total opresión», entendiendo que estas presiones no evitarán el «estallido social». Así, ha advertido de que «cuanto más se aferren y dañen al pueblo, más severa será la justicia con ellos», por lo que ve más favorable «una transición pacífica y ordenada».
El mensaje plantea recomendaciones a los trabajadores, la Iglesia y los cubanos emigrados, pero alude igualmente a Estados Unidos, de cuya Administración espera un endurecimiento de las medidas contra el Gobierno cubano, y a la Unión Europea, para que sea «más exigente».
Organizaciones como Cuba Decide han reclamado a la UE que suspenda el diálogo de cooperación con Cuba hasta que el régimen «pare la represión contra sus ciudadanos y avance irreversiblemente hacia el reconocimiento de los Derechos Humanos y la transición democrática». También confían en que «la UE pueda evaluar el progreso de esos pasos».
