El desahuciado de una casa palacio de Hoznayo niega llevarse un retablo: «Había unas maderas»

El acusado de apropiarse de un retablo del siglo XVII y otros enseres religiosos de similar antigüedad de la capilla de una casa-palacio de Hoznayo (Entrambasaguas) que había arrendado y que iba a comprar -y de la que fue desahuciado por impago- ha negado que se llevara la obra justo antes del lanzamiento, y ha asegurado que solo «había unas maderas» y que el lugar estaba además «abandonado», «abierto por todos lados» y «carcomido» por la polilla.

«Yo allí vi madera, nada más. No vi un retablo» ha alegado el hombre. «No me he llevado nada ni me he aprovechado de nada», ha remarcado en el juicio contra él, celebrado en la Audiencia Provincial de Cantabria y tras el que se sigue enfrentando a penas de tres y cinco años de cárcel, que respectivamente piden la Fiscalía y la acusación particular, que ejercen los propietarios del inmueble cuando se suscribieron los contratos de compraventa y alquiler, en mayo de 2017, y que recuperaron tras el desahucio.

Se trata de la casa-palacio de Torrehermosa, un complejo en una parcela de cerca de 10.000 metros cuadrados de terreno urbano ubicada en Hoznayo, que cuenta con un convento y una vivienda con escudo. El procesado la adquirió a través de una inmobiliaria y por 360.000 euros a mediante sendos contratos: uno de arras, con un desembolso inicial de 50.000 euros que no pagó; y otro de arrendamiento, para descontar las aportaciones de 4.000 euros mensuales a la compra y del que solo abonó unas cinco mensualidades.

En consecuencia, y tras los correspondientes procedimientos judiciales y sentencias, se llevó a cabo el lanzamiento de la vivienda, en la que según el ministerio público y los antiguos dueños había una capilla con un retablo barroco, un confesionario, bancos de iglesia, un atril, un cristo de hornacina y un altar, elementos que de acuerdo con ambas partes estaban en buen estado, extremos que en cambio niega el enjuiciado.

«NO SÉ CASI NI LO QUE ES UN RETABLO»

Y es que, a sus ojos, en la propiedad que adquirió –con la intención de habilitar un negocio hostelero y albergar eventos como bodas o una «fábrica de mermeladas», según comentó a los dueños– no había ni luz ni agua, pero sí «goteras» y estaba «todo comido» por la polilla. En este sentido, ha rechazado que hubiera elementos propios de un altar o iglesia, como un retablo, en todo caso «parte» del mismo: «Yo no sé casi lo que es un retablo», se ha justificado ante la Sala de la Sección Primera de la AP.

«Había unas maderas que no servían para nada de lo que yo quería montar allí», ha precisado el hombre, de casi 70 años de edad y que se ha dedicado durante 50 a la hostelería. Ha añadido que dos de esas maderas eran de colores y «muy bonitas», aunque estaban «apolilladas», por lo que -ha afirmado- habló con los propietarios para restaurarlas, y ha apuntado al respecto que los dueños «no querían saber nada» del tema.

El acusado ha corroborado que la capilla, de unos 7.000 metros cuadrados, tenía varias puertas de acceso, una de las cuales daba a la vía pública. Y se ha preguntado por qué no se reflejó en el contrato la existencia del retablo si tenía «tanto valor» -según ha dicho, casi el 30% del montante por el que adquirió la finca, los citados 360.000 euros, y que primero se ofertaba por 480.000 euros-.

Ha explicado que le pareció una parcela «barata», aunque ha apostillado que «no había por dónde entrar», ya que estaba «llena de matorrales» y con «multitud de roedores», lo que motivó denuncias de vecinos y requerimientos del Ayuntamiento para acometer medidas frente a la «insalubridad» que presentaba.

También tuvo que hacer labores de desescombro y una obra «terrorífica», ya que hasta los suelos estaban «podridos». Así, lo tuvo que cambiar todo: «Es donde yo me arruino», se ha lamentado el procesado, que ha destacado que adquirió el complejo «con pleno dominio» y estaba por tanto facultado para llevar a cabo «todo tipo de obra», siempre que mantuviera la configuración externa.

En cuanto a los accesos, ha indicado que la parcela estaba abierta y se podía entrar simplemente «saltando una tapia», en tanto que las puertas del edificio estaban «todas hechas polvo» de modo que «cualquiera puede haber accedido allí», ha razonado.

Respecto al momento del desahucio, ha negado que aprovechara para sacar el retablo y otros elementos del templo, sino que se trataba de herramientas que cargó en dos furgonetas, y ha dicho que tampoco propinó un empujón en el pecho al propietario del inmueble para apartarlo. Éste se había personado en el lugar junto a su mujer y su cuñado para comprobar qué efectos dejaba y cuáles se llevaba. Igualmente, ha rechazado que amenazara a este segundo hombre.

PERSECUCIÓN Y REVANCHA

«Tengo casi 70 años como para pegar empujones a nadie», ha esgrimido el enjuiciado, que ha tachado este procedimiento judicial de «persecución» y lo ha achacado a una «»revancha» porque no pagó la renta, tan solo unos meses, aunque permaneció en la propiedad durante casi dos años. Pero «yo no me he llevado nada, no me he aprovechado de nada y no he declarado nada», ha alegado para finalizar.

En la vista han testificado los dueños de la casa-palacio de Hoznayo, que recuperaron la propiedad tras el desahucio, y que se han ratificado en lo denunciado, destacando el estado de la capilla, en la que se habían realizado oficios hasta tres o cuatro años antes de la venta, así como la ausencia del retablo –peritado en unos 55.000 euros por un historiador cántabro, que ha calificado de «aceptable» su estado de conservación– y otros elementos propios de un altar.

El propietario ha explicado que no hicieron constar estos objetos en el contrato porque no se consideró «necesario», aunque a posteriori han comprobado que «hubiera sido muy conveniente». Se ha referido así a que media hora antes del lanzamiento se encontraron al desahuciado «en plena faena, sacando cosas de la capilla», a la que el denunciado le «impidió» entrar.

Sin embargo, pudo ver que no estaba el retablo, que «aguantó varios siglos» y estaba «perfectamente», sin que el acusado le hubiera comentado nada de restaurarlo, «en ningún momento», ha zanjado.

También ha declarado que tras firmar los contratos de compra y alquiler, el encausado puso a la venta el inmueble y a un «precio muy superior» al que lo había adquirido.

La hermana de este testigo e igualmente dueña de la casa-palacio ha coincidido en que pareció la capilla «rara, excepcionalmente vacía» así como la ausencia del retablo, que había sido tratado frente a la polilla. Ella llamó a la Guardia Civil y su marido, que hizo fotos del momento y de las furgonetas, se ha ratificado en las amenazas que recibió del implicado.

CARECE DE VALOR

Tras la vista oral, las partes han elevado de definitivas sus conclusiones. Así, el fiscal mantiene que los hechos constituyen un delito de apropiación indebida y otro leve de maltrato de obra, merecedores de tres años de prisión y 5.700 euros de multa.

Además, en concepto de responsabilidad civil solicita que el acusado indemnice a los propietarios en 61.000 euros, el valor de los efectos sustraídos.

Por su parte, la acusación particular califica los hechos como un delito continuado de apropiación indebida y otro leve de amenazas. La pena solicitada asciende a seis años de cárcel y 5.400 euros de multa, así como una indemnización de 63.000 euros.

De su lado, la defensa cree que no hay prueba de cargo suficiente para condenar a su cliente y menos con una pena que ha tildado de «desproporcionada».

Considera en todo caso que el bien en cuestión no es susceptible de constituir un ilícito de apropiación indebida porque «carece de valor». Y en caso contrario, pide que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas al haberse prolongado el procedimiento durante cinco años.