El Gobierno pide al Consejo de Estado su dictamen antes del 19 de mayo sobre la nueva Ley de Cooperación
El Consejo de Ministros ha aprobado solicitado este martes a la Comisión Permanente del Consejo de Estado que emita su dictamen con carácter urgente y «no más tarde del 19 de mayo» en relación con el Anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
El Gobierno trabaja en la elaboración de un nuevo texto que sustituya a la ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1998, con un calendario que prevé su adopción antes de que termine este año, según ha reiterado recientemente en sede parlamentaria la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela.
Moncloa esgrime que «tras más de veinte años en vigor y sin apenas reformas, el escenario global del desarrollo, su gobernanza y actores han experimentado cambios notables que reclaman una puesta al día del marco legal de la cooperación española».
«La urgencia en la aprobación de una nueva ley se justifica en la necesidad de salvaguardar nuestro papel en el concierto internacional de donantes, para atender adecuadamente los compromisos adquiridos por nuestro país y para no perpetuar una vez más una normativa que, en caso de continuar vigente, puede llegar a perjudicar los intereses de España al limitar nuestro papel de actor destacado a nivel mundial en materia de cooperación», argumenta el Gobierno.
Por ello, el Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2021 autorizó la tramitación administrativa urgente del anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y por eso se pide ahora el dictamen urgente del Consejo de Estado, que espera tener .
Según explicó Cancela ante la Comisión de Cooperación Internacional del Senado la semana pasada, una vez obtenido el dictamen favorable del Consejo de Estado, el texto será remitido a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios para su aprobación y posteriorelevación al Consejo de Ministros.
Una vez el Gobierno dé su visto bueno definitivo al anteproyecto, este se remitirá al Congreso de los Diputados, «previsiblemente en este periodo de sesiones», con vistas a lograr el respaldo parlamentario necesario, que el Ejecutivo confía en que sea lo más amplio posible.
La futura ley recoge expresamente el objetivo de destinar el 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RND) a Ayuda Oficial al Desarrollo y que el 10 por ciento de esta última se destine a acción humanitaria, entre otras cosas. Una vez en vigor, el Gobierno continuará el proceso de reforma de la Cooperación Española con la adopción de un nuevo Estatuto de la AECID y un nuevo Estatuto del Cooperante.
