El Defensor del Pueblo plantea a Exteriores reforzar los medios personales y materiales de los consulados

El informe anual recoge numerosas quejas por los retrasos en la obtención de cita para realizar trámites

El Defensor del Pueblo ha defendido la necesidad de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación refuerce tanto los medios personales como materiales de los servicios consulares en el exterior tras el elevado número de quejas recibidas en cuanto a los retrasos para la realización de trámites en los mismos, en muchos casos derivados de la implementación de la Ley de Memoria Democrática.

En su informe anual 2024, Ángel Gabilondo ha señalado que «la mayor parte de las quejas de la ciudadanía española en el exterior se centraron en la falta de medios materiales y personales de los servicios consulares», siendo Cuba y Ecuador los países desde los que más quejas se recibieron.

«El funcionamiento de los registros civiles consulares provocó también un importante número de quejas (…) no solo por parte de las personas españolas residentes en sus respectivas demarcaciones, sino también por el impacto que ha supuesto en esas dependencias las diversas gestiones relacionadas con las solicitudes de nacionalidad» conforme a la Ley de Memoria Democrática de 2022, añade el informe, consultado por Europa Press.

En concreto, llama la atención por el número de quejas recibidas las demoras del Consulado General en Sao Paulo (Brasil), donde había más de 50.000 solicitudes pendientes. También debido a las demoras por encima de la media el Defensor del Pueblo ha tenido que formular sugerencias para los consulados en La Habana (Cuba), Casablanca (Marruecos) o Miami (Estados Unidos).

El documento también menciona el caso del Registro Civil de La Habana (Cuba), donde se recibieron más de 1.300 peticiones de cita semanales únicamente para la inscripción de nacimientos, generando quejas por demoras de hasta diez meses en la comprobación de solicitudes de credenciales, un retraso generalizado en la obtención de citas para diversas gestiones y, una vez formuladas, la dilación en la tramitación de sus solicitudes.

RETRASOS EN LAS CITAS PARA OBTENCIÓN DE VISADOS

Por otra parte, incide en el elevado número de quejas recibidas en cuanto a la obtención de citas para visados en los consulados en Argelia y Marruecos, que solo pueden obtenerse por vía telemática, lo que ha suscitado que el Defensor del Pueblo tenga que formular recomendaciones para que se adopten medidas que subsanen el problema.

El Defensor del Pueblo también ha tenido que realizar numerosas intervenciones en relación con el traslado a España de personas con necesidades de protección internacional, «en concreto, por la demora en la tramitación de la solicitud de traslado a España formuladas por mujeres afganas» conforme a la Ley de Asilo.

Esto motivó una recomendación para agilizar los trámites para el traslado de dos mujeres afganas desde Pakistán, que fue rechazada, así como varias sugerencias para el traslado urgente de familiares de personas refugiadas en situación de riesgo.

Gabilondo ha constatado que «en el marco del Plan de Digitalización Consular (PDC), cuya ejecución termina en diciembre de 2025, se está desarrollando un nuevo sistema de citas» que «permitirá tanto a personas españolas que tengan un certificado electrónico como a extranjeras que se den de alta en el sistema solicitar citas telemáticamente para la realización de los distintos trámites consulares».

Con todo, ha considerado que «las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo muestran la necesidad de reforzar los medios personales y materiales de los servicios consulares» que brinda España en el mundo.

FALTA DE APOYO CONSULAR A FAMILIARES DE DESAPARECIDOS

En otro orden de cosas, Gabilondo también ha incidido en «la necesidad de mejorar la comunicación por los canales diplomáticos y consulares para facilitar la comunicación efectiva con los familiares de personas desaparecidas y su atención, de modo que se asegure que la información que aporten en los procesos de búsqueda e identificación llega a una base de datos en la que pueda efectuarse el debido cotejo».

Según ha explicado, se pidió a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares del Ministerio que, «en caso de no existir, se valorase el posible establecimiento de un canal, a través de las representaciones consulares» para que familiares de desaparecidos en España o mientras intentaban llegar al país por rutas migratorias puedan aportar información para su búsqueda y dar traslado a las autoridades competentes.

La respuesta que se recibió, según el informe, fue que «esto no se encuentra previsto dentro del marco normativo que regula las funciones consulares y que no están dotadas de los medios que serían necesarios para el desempeño de estas funciones» y que se carece de «ningún procedimiento o mecanismo» para asistir en los citados casos.

Desde la citada dirección general, se emplazó a «dirigirse a sus propias autoridades para presentar una denuncia policial, que será canalizada por las vías de cooperación policial internacional, o una solicitud de paradero, para que sean sus embajadas acreditadas en España las que realicen las gestiones».

A juicio de Gabilondo, «la citada respuesta no toma en cuenta en su totalidad los principios que han de guiar la acción del Estado en el exterior». En este sentido, ha recordado que la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 consolida la protección y la promoción de los Derechos Humanos como elemento distintivo y definidor de la acción exterior española».

Además, ha recordado que la Estrategia de Diplomacia Humanitaria aprobada en 2023 recoge en el apartado «dedicado a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, el compromiso de emprender iniciativas internacionales coordinadas y de apoyar las tareas de localización de personas desaparecidas durante los procesos migratorios». Por todo ello, se ha solicitado información complementaria al departamento que dirige José Manuel Albares y se está a la espera de recibirla.