El Defensor del Pueblo pide reforzar la AP y la atención hospitalaria y terminar con la precariedad de los sanitarios

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido reforzar la Atención Primaria y la atención hospitalaria y terminar con la precariedad y la temporalidad laboral de los sanitarios, durante su comparecencia este jueves en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar un resumen de las actuaciones realizadas por la Institución con motivo de la pandemia de la COVID-19.

Fernández Marugán ha asegurado en el Congreso que esta crisis ha agudizado algunas de las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud, «cuya capacidad de respuesta se ha visto casi superada en los peores momentos».

Entre dichas carencias, el Defensor ha destacado «la debilidad de la atención primaria; la fragilidad de los servicios de urgencias hospitalario; el problema crónico de las listas de espera de especialidades, y la insuficiente atención pública a la salud mental».

Según ha explicado, «la restricción de gasto durante la crisis económica redujo los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, lo que se tradujo en una menor inversión en equipos y obras de mantenimiento (sobre todo en los hospitales más antiguos), así como en una reducción de las plantillas, que además tenían peores condiciones laborales, contratos menos estables y menores salarios».

No obstante, Fernández Marugán ha apuntado que la pandemia ha revelado también las fortalezas del sistema sanitario, como «la buena formación de miles de profesionales, el acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios y una organización muy experimentada».

En su opinión, para robustecer el sistema «hay que revisar el modelo organizativo para aumentar la eficiencia». En este contexto, Fernández Marugán ha resaltado que «la sanidad en España no requiere edificios más grandes ni infraestructuras espectaculares, necesita que se apoye el sistema público sanitario y realizar una gestión más eficaz y coordinada de los recursos humanos y materiales». «El Sistema Nacional de Salud es garantía de igualdad y de seguridad y los poderes públicos no pueden relajar su cuidado y mantenimiento», ha enfatizado.

Por ello, el Defensor ha instado a reforzar la atención primaria «con profesionales, medios técnicos y organizativos» y la atención hospitalaria «para reducir listas de espera», así como a terminar con la precariedad y la temporalidad en el trabajo que «son el mayor problema para los trabajadores del Sistema Nacional de Salud».

Asimismo, ha afirmado que es urgente mejorar la coordinación interterritorial, puesto que «la salud no conoce fronteras o límites territoriales» y también ha abogado por crear una agencia estatal de salud pública con altas capacidades en situación de emergencia.

Atención sanitaria durante la pandemia

Fernández Marugán ha señalado que al inicio de la pandemia se recibieron quejas que expresaban el temor de muchas personas por su propia salud y la de los suyos. Así, ha explicado que los ciudadanos lamentaban la saturación de los centros hospitalarios y la suspensión de la actividad ordinaria en los centros sanitarios de atención primaria. También se recibieron quejas sobre la escasez de camas, personal entrenado y respiradores y sobre la falta de material de protección para el personal sanitario, que ponía en riesgo su salud y su trabajo.

Tras el levantamiento del estado de alarma, el Defensor ha apuntado que las quejas de los ciudadanos se centraron el cierre de consultorios locales; el retraso de citas para consulta y operaciones; el acompañamiento de pacientes hospitalizados y los protocolos de realización de pruebas diagnósticas PCR.

La Institución emitió un comunicado el 20 de marzo, dirigido a todas las administraciones sanitarias, en el que recordaba que la unidad de acción de todos los poderes e instituciones del Estado resultaba crucial y en el que pedía a todas las administraciones que coordinasen lealmente su acción para incrementar la dotación de recursos del sistema sanitario y social, en especial el residencial, público o privado. Además, el Defensor también resaltaba en dicho comunicado que el suministro de material de protección era imprescindible para los trabajadores sanitarios, personal asistencial y enfermos.

El Defensor también le trasladó al Ministerio de Sanidad la preocupación de la Institución sobre la aplicación de procedimientos de priorización de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Para Fernández Marugán, «lo ético y exigible es singularizar clínicamente las decisiones de esta naturaleza sobre cada paciente».

La Institución también dirigió actuaciones de oficio a todas las consejerías de sanidad o salud autonómicas para conocer de forma estructurada la respuesta dada por cada territorio a la emergencia sanitaria. Asimismo, requirió a las CCCA que informaran sobre las medidas que estaban tomando para atender las necesidades de los centros residenciales, incluidos los protocolos aplicados sobre derivación de residentes enfermos a los hospitales.

El 29 de mayo, tras el inicio de la desescalada, el Defensor volvió a dirigirse a todas las consejerías sanitarias para conocer las medidas adoptadas para la vigilancia y control de la pandemia a partir de ese momento.