El Defensor del Pueblo insta a Función Pública a negociar mejores condiciones para el personal laboral en el exterior

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite una queja del sindicato CSIF y ha pedido a la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función pública que tome medidas para negociar mejores condiciones y derechos laborales del personal laboral en el exterior, un colectivo que supera las 4.000 personas.

El sindicato se dirigió en octubre a la Institución para pedir que se convoque de forma extraordinaria la Mesa de la Comisión Técnica de Personal Laboral en el Exterior (CTPLEX) y apruebe un nuevo acuerdo que regule sus derechos laborales y condiciones de trabajo.

El sindicato denuncia que el acuerdo que regula actualmente los derechos de estos empleados públicos es de 2008, está desfasado y es ambiguo, lo que está permitiendo numerosos incumplimientos, así como la pérdida de poder adquisitivo desde 2009 y la falta de controles sindicales en las convocatorias para cobertura de plazas en el exterior.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor asegura que lleva tiempo realizando actuaciones sobre la situación de este colectivo, especialmente a raíz de su congelación salarial desde el año 2009. Se trata del personal laboral de Embajadas, Consulados, consejerías de Empleo, AECID o Instituto Cervantes, entre otros.

Posteriormente, en 2016, instó a la celebración de eleccione sindicales para este personal, pues considera que ese nuevo marco normativo debe ser objeto de negociación colectiva.

El problema, explica, es la falta de desarrollo del artículo 14 del real decreto 20/2012 que regula los derechos sindicales del personal laboral en el exterior y establece la circunscripción electoral única para el conjunto de este personal, lo que ha impedido la celebración de las elecciones y supone una limitación «del derecho fundamental a la libertad sindical declarado en el artículo 28 de la Constitución».

En aquel momento, la secretaría de Estado de Función pública respondió que la cuestión clave era el rango legal de la norma que debe regular el procedimiento electoral y que, en todo caso, su aprobación dependía de las nuevas Cortes Generales.

Sin embargo, desde entonces, el Defensor no ha continuado con sus actuaciones por la «inestabilidad parlamentaria de los últimos años», en los que se han sucedido varias legislaturas sin que ninguna haya alcanzado los cuatro años, aunque sí ha dirigido escritos a otros departamentos de la Administración.

Ahora ha pedido a la Secretaría de Estado que le informe «sobre su criterio» en relación con la aprobación de un nuevo acuerdo en la CTPLEX y un nuevo informe sobre las actuaciones realizadas para crear un marco jurídico que permita al personal laboral en el exterior celebrar elecciones sindicales.