El Defensor del Pueblo defiende la vivienda pública permanente destinada al alquiler y no a la compra
Pide mejorar y mantener las ayudas al alquiler y el Bono Alquiler Joven para paliar el sobreesfuerzo y mejorar la emancipación
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha defendido que las viviendas públicas protegidas se destinen al alquiler frente a la compra y se sujeten a un régimen de protección permanente para hacer frente al problema de acceso a la vivienda en España y al sobreesfuerzo en el pago de la renta del alquiler.
En el Informe anual 2024 , ha insistido en que esta fórmula permitirá que el parque público de vivienda no disminuya en España, tras haberse descalificado entre 2005 y 2018 en España más de la mitad de la vivienda con protección pública construidas en décadas anterior por haber tenido una calificación limitada temporalmente.
Así, considera como punto de partida «indispensable» asemejar el parque público en alquiler asequible español, que se encuentra en el 3,4%, al europeo (10%) a través de la calificación permanente de la vivienda y la construcción de más vivienda protegida en alquiler, aunque reconoce que no es la única herramienta, por lo que pide tomar medidas en el corto y medio plazo tanto a nivel estatal como autonómico.
En este sentido, también ha abogado por la mejora de los programas de ayudas al pago del alquiler dirigidos a paliar el sobresfuerzo de los hogares, con una gestión «transparente, ágil, eficaz y diligente» tras las denuncias ciudadanas presentadas ante el organismo dirigido por Ángel Gabilondo por las espera de «años» en los procedimientos de adjudicación de inmuebles protegidos.
Así, ha insistido en que se haga una adecuada regulación e interpretación de la inscripción en los registros de demandantes de vivienda pública, con el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda digna y adecuada.
CRÉDITO INSUFICIENTE EN EL BONO ALQUILER JOVEN
Respecto al Bono Alquiler Joven, Gabilondo ha recalcado que un gran número de solicitudes no ha sido resuelta por el alto volumen de los expedientes y, en muchas ocasiones, no habían sido favorables por el agotamiento del crédito disponible.
Sobre la cuestión, desde el organismo han pedido fomentar esta ayuda de 250 euros al mes por dos años para la emancipación de las personas de entre 18 y 35 años ante la dificultad que supone para los más jóvenes la emancipación por la imposibilidad de hacer frente a los gastos.
En todo caso, el Defensor del Pueblo ha insistido en que, dado el incremento sostenido de los precios del alquiler, las administraciones publicas deberían utilizar las herramientas que contiene la Ley por el Derecho a la Vivienda.
