El Defensor del Pueblo critica el «elevado» coste de las pruebas PCR en los centros y laboratorios privados

El Defensor del Pueblo ha criticado, en el Informe Anual de la Institución relativo al ejercicio 2020, el «elevado» coste de las pruebas PCR para detectar el coronavirus en los centros y laboratorios privados.

Y es que, tal y como recuerda, a pesar de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) se suele hacer cargo de la aplicación de estas pruebas, las dificultades con las que se han encontrado algunas comunidades para llevar a cabo un adecuado seguimiento de los casos de coronavirus y de sus contactos estrechos ha hecho que muchas personas tengan que acudir a los centros privados para pagarse un PCR.

Además de esos contactos estrechos, a los que los servicios autonómicos de salud pública «no pueden ofrecer la debida vigilancia», el Defensor del Pueblo ha avisado de que son varios los sectores de actividad que hacen un uso «más habitual» de ese procedimiento privado de testeo como, por ejemplo, los que están constante atención al público de diverso tipo, incluidos profesionales autónomos, establecimientos y centros de actividad sanitaria o social de titularidad privada.

A lo anterior se suma el requerimiento para viajar a determinados países, impuesto a los viajeros procedentes de España por su situación epidemiológica. En este sentido, la organización ha aludido a un estudio en el que se señalaba que, del total de pruebas PCR realizadas hasta un 10 por ciento se llevaba a cabo por iniciativa particular en centros o laboratorios privados, especialmente en las zonas con mayor poder adquisitivo.

Además, el Defensor del Pueblo ha lamentado que el precio medio de realizar esta prueba diagnóstica para covid-19 se sitúe en España en alrededor de 100 o 130 euros, si bien alcanza cifras superiores. «Con ese precio, muchas personas que probablemente debieran realizarse la prueba por saber que son contacto estrecho, pero a las que los servicios de salud pública no pueden atender debidamente por insuficiencia de recursos, pueden retraerse de realizarla, con los riesgos consiguientes», ha alertado.

También puede suceder en el caso de convivientes y en el caso de empresas y actividades de riesgo. En cuanto a las personas que necesitan viajar a destinos que exijan la prueba en origen, el Defensor del Pueblo ha asegurado que el coste puede resultar «muy perjudicial».

Dicho esto, el Defensor ha explicado que las contrataciones por parte de algunas administraciones autonómicas se llevan a cabo, al parecer, a un precio tres veces inferior al de «mercado». Por ello, y bajo el amparo, además, del Real Decreto 926/2020, considera que existen elementos «extraordinarios» que justificarían suficientemente una decisión sobre esa específica actividad clínica comercial.

En respuesta a esta cuestión, el Ministerio de Sanidad ha remitido un informe de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia que se limita a apuntar que la Comisión Interministerial de Precios de medicamentos y productos sanitarios no puede fijar un precio máximo para los kits de pruebas PCR, dado que «no son productos de venta al público, sino que están dirigidos a la utilización por profesionales».

«Esta contestación es insuficiente y no responde al planteamiento amplio realizado, referido al análisis sobre una eventual fijación de precios máximos para este concreto procedimiento clínico de diagnóstico, al margen de los materiales o fungibles utilizados en ello», ha señalado el Defensor del Pueblo.

Finalmente, la organización ha destacado la necesidad de que se analicen «todas las opciones» de las que disponen las autoridades sanitarias para hacer «más efectiva» la lucha contra la pandemia, cuya duración sigue siendo «indeterminada».