El Defensor del Pueblo avisa de las «deficiencias» en el funcionamiento de las oficinas de empleo

La institución constata una reducción «significativa» de las quejas por la atención que presta la Seguridad Social a los ciudadanos

El Defensor del Pueblo volvió a apreciar en 2023 «deficiencias» en el funcionamiento de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del servicio de concesión de cita previa, así como en la información y funcionamiento de su sede electrónica.

Así lo afirma en su informe 2023, en el que asegura que, en respuesta a sus demandas de información sobre los problemas de accesibilidad digital de los que se quejan los usuarios, el SEPE ha trasladado al Defensor del Pueblo que mejorará la infraestructura tecnológica y renovará su sede electrónica para este año 2024.

El objetivo es el de poner en marcha mejoras significativas para optimizar el uso de la sede electrónica del SEPE, hacerla más sencilla y dar estabilidad a la plataforma.

Así, según el Defensor del Pueblo, el SEPE pretende organizar de forma más intuitiva los contenidos de su sede con un diseño centrado en el usuario para simplificar los trámites y hacerlos más accesibles para todos los usuarios, independientemente de su nivel de habilidad tecnológica.

Por lo que se refiere a los errores en dicha sede electrónica, el SEPE ha informado al Defensor del Pueblo que entre un 20% y un 25% de los intentos de realizar el trámite da error y, de esos intentos, el 89% está relacionado con la firma electrónica del trámite solicitado (dependiente de sistemas de terceros, como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o la Dirección General de la Policía).

Según ha trasladado el SEPE, la implementación de la firma no criptográfica podría simplificar la firma electrónica y mitigar los problemas de compatibilidad, mejorando la accesibilidad para los usuarios.

El Defensor del Pueblo subraya que, durante el año pasado, los problemas de los ciudadanos para contactar con el SEPE se incrementaron en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, problemas que se sumaron a los derivados de la sede electrónica, motivo por el que el organismo pidió nueva información al SEPE.

«Este organismo ha señalado que la asignación de la cita previa se realiza en el menor tiempo posible y que la demora en la atención, una vez solicitada la cita, no supone un perjuicio para la persona en cuanto al acceso al derecho a las prestaciones», apunta el Defensor del Pueblo en su informe.

En cuanto al servicio de información telefónica del SEPE a través del 060, el Defensor del Pueblo formuló una recomendación para que se advierta correctamente en la página web del organismo sobre el coste de la llamada, resolución que ha sido aceptada por el SEPE. Al tiempo, se ha rebajado el coste de la llamada al 060, que pasa a ser fijo, tarificándose como una llamada de 60 segundos, independientemente de su duración.

BAJAN LAS QUEJAS POR LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En lo que respecta a la atención de las oficinas de la Seguridad Social, el Defensor del Pueblo apreció en 2023 «una significativa reducción» del número de quejas por la imposibilidad de los ciudadanos de contactar con éstas y para obtener cita previa con el fin de recibir atención presencial.

«Las quejas planteadas fueron muchas menos y referidas a problemas o situaciones puntuales», apunta el Defensor del Pueblo, que señala que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Pensiones dio cuenta a principios de 2023 de un plan de choque para paliar los problemas de atención ciudadana.

Dicho plan, subraya el Defensor, se centró en el refuerzo de la plantilla, la mejora de la atención presencial y telefónica y el plan de digitalización de la Seguridad Social, apoyado a su vez por el Plan de Recuperación.

PROBLEMAS CON LAS PRESTACIONES, ORIGEN DE LA MAYOR PARTE DE QUEJAS

Los problemas con las distintas prestaciones que gestiona la Seguridad Social o con las que gestionan el SEPE o sus delegaciones autonómicas centran la mayor parte de las quejas ciudadanas en materia de Seguridad Social y empleo.

De todos los expedientes de queja tramitados por el Defensor del Pueblo en 2023, el 10,8% tuvieron que ver con Seguridad Social y empleo.

Destacaron en 2023 las quejas referidas por el Defensor del Pueblo, no ya relativas a la gestión por la Seguridad Social de la prestación de incapacidad temporal (IT), sino a la disconformidad con la actuación de las inspecciones médicas de los servicios autonómicos de salud, a la hora de denegar cualquier baja laboral de trabajadores en determinados supuestos, cuando la misma era aprobada por el médico de atención primaria.

De acuerdo con las quejas recibidas en 2023 por el Defensor del Pueblo, en materia de IT se apreció un «importante retraso» en la resolución de los expedientes de determinación de contingencias, que puede llegar a ser de un año, y continuó en seguimiento el problema derivado de la demora en la ejecución por parte de la Seguridad Social de las sentencias que declaran la incapacidad permanente de los trabajadores.

Asimismo, el Defensor del Pueblo siguió recibiendo quejas de personas que expresaban su inquietud, de diferentes formas, por el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, concretamente de las de jubilación, así como por la aplicación de coeficientes reductores en el cálculo de la jubilación anticipada.

«Desde años atrás se vienen recibiendo continuas reivindicaciones de solicitantes de jubilación anticipada que expresan su deseo de que se supriman tales coeficientes en supuestos de carreras de cotización de 40 o más años, al entender que con sus aportaciones han cumplido sobradamente con las obligaciones de sostenimiento del sistema de financiación», apunta el Defensor del Pueblo.

Asimismo, este órgano sigue recibiendo habitualmente quejas por el retraso en la tramitación de solicitudes de pensión de jubilación o de viudedad cuando es preciso contar con los periodos cotizados en otros países, un retraso que «puede llegar a superar los dos años». En la mayoría de las quejas tramitadas por este problema, el retraso se sitúa en una Administración extranjera de Seguridad Social.

Como en años anteriores, los principales motivos de queja recibidas por el Defensor del Pueblo en materia de pensiones no contributivas de invalidez y jubilación han sido las demoras en su tramitación y los criterios aplicados para determinar los ingresos computables al calcular el límite de acumulación de recursos.

En cuanto a prestaciones por desempleo y subsidios, el Defensor del Pueblo recoge de nuevo su recomendación para que la Renta Activa de Inserción (RAI) puede compatibilizarse con un empleo a tiempo parcial y no se excluya de su programa a aquellas personas que, excepcionalmente, tienen derecho a solicitar de nuevo su inclusión sin solución de continuidad cuando han obtenido un empleo a tiempo parcial que se ha compatibilizado con esa renta.

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