El convenio 2026-2029 del Gobierno con los servicios sociales municipales vincula la financiación al coste real

El documento, publicado hoy en el BOC, da «mayor estabilidad para los equipos profesionales y mejores servicios de proximidad a las personas»

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria los nuevos convenios de colaboración con las entidades locales para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Primaria durante el periodo 2026-2029.

Un acuerdo que, según el Ejecutivo, «asegura una financiación más justa y estable, vinculada al coste real de las prestaciones, mayor estabilidad para los equipos profesionales y mejores servicios de proximidad para las personas».

En un comunicado, el Gobierno ha afirmado que supone «un avance histórico en la financiación, la estabilidad de los servicios y el apoyo a los ayuntamientos».

Entre las principales novedades del acuerdo destaca la mejora «sustancial» de la financiación de los servicios esenciales que prestan los ayuntamientos. De hecho, en el Servicio de Ayuda a Domicilio se garantiza una financiación mínima no inferior a dos tercios del coste real de la asistencia, calculado a partir de la facturación media de las entidades locales de Cantabria.

Así se aporta «estabilidad financiera a los municipios» y se asegura la continuidad de una prestación «clave» para las personas mayores y dependientes.

De igual modo, el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria contará con una financiación mínima garantizada de, al menos, dos tercios del coste medio del terminal, sin que, en ningún caso, supere el coste real asumido por la entidad local. El objetivo es reforzar la seguridad y la autonomía personal en el entorno domiciliario.

Además, el nuevo documento introduce avances «relevantes» en materia de personal. Por primera vez, se establece una financiación que equipara las retribuciones del personal de los Servicios Sociales de Atención Primaria a las del ICASS por categorías profesionales, excluidos los trienios, «lo que refuerza la estabilidad y el reconocimiento de los equipos municipales».

Asimismo, se contempla la financiación de los gastos derivados de las bajas por incapacidad temporal y se incorpora la posibilidad de financiar el perfil de personal administrativo y se mejora así la organización y la capacidad de gestión de los servicios, según el Ejecutivo.

El acuerdo amplía el plazo para la justificación de gastos hasta el 1 de marzo, lo que proporciona a las entidades locales «mayor seguridad y realismo» en la gestión administrativa.

De este modo, el nuevo convenio consolida el desarrollo de programas de prevención primaria y secundaria dirigidos a personas mayores, la promoción de la autonomía personal, la atención a la dependencia, el apoyo a las familias, la protección de la infancia y la adolescencia y la lucha contra la soledad no deseada, una de las prioridades estratégicas de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

UNA ATENCIÓN «DIGNA, CERCANA Y DE CALIDAD»

En una comunidad autónoma en la que más del 23% de la población tiene más de 65 años, el refuerzo de estos servicios de proximidad resulta esencial para garantizar una atención «digna, cercana y de calidad», con independencia del lugar de residencia.

Con una vigencia inicial hasta 2029 y posibilidad de prórroga, el nuevo convenio reafirma el compromiso del Gobierno de Cantabria con los principios de igualdad y cohesión territorial, garantizando el ejercicio efectivo del derecho a la protección social y consolidando a los ayuntamientos como aliados fundamentales del sistema público de servicios sociales, ha indicado el Gobierno.

Para esta administración, el acuerdo «marca un antes y un después en los servicios sociales de Cantabria, al reforzar de forma real a las entidades locales, reconocer el trabajo de los profesionales y mejorar la calidad de la atención que reciben las personas y las familias».

VALORACIÓN

La consejera del ramo, Begoña Gómez del Río, ha señalado que el nuevo convenio «supone un avance histórico para los servicios sociales municipales, al garantizar una financiación más justa, mayor estabilidad para los profesionales y mejores servicios de proximidad para las personas».

Además, «refuerza el papel de los ayuntamientos como primera puerta de entrada al sistema público de servicios sociales y consolida un modelo basado en la igualdad territorial y la cohesión social».

El convenio es fruto de un «intenso trabajo técnico» y de «diálogo» con las entidades locales, y da respuesta a las necesidades detectadas en los últimos años para afrontar con mayores garantías la realidad social actual, marcada por el envejecimiento de la población, la diversidad de situaciones familiares y la creciente demanda de servicios de proximidad.