El Constitucional de El Salvador ordena a Bukele abstenerse utilizar al Ejército y presionar al Legislativo
MADRID, 10
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha admitido la demanda de inconstitucionalidad contra las últimas acciones del Gobierno del presidente Nayib Bukele y ha impuesto una serie de medidas cautelares entre las que se encuentra prohibir a Bukele utilizar a las Fuerzas Armadas para fines contrarios a la Constitución y anular la convocatoria de sesiones del Legislativo por parte del Gobierno.
En concreto, «ordena» a Bukele «que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarías a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes», según un dictado publicado este lunes.
Además, ordena al Gobierno, incluido Bukele, «el cese de los efectos de la convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa a efecto que se apruebe el préstamo» para financiar el plan de seguridad de Bukele.
Por último, ordena al ministro de Defensa y al director de la Policía «que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados», en clara referencia a la entrada de policías y militares este domingo en la sede de la Asamblea Legislativa.
CRISIS POLÍTICA
Bukele, que llegó al cargo el 1 de junio, ha lanzado un Plan de Control Territorial a desarrollar en tres fases con un coste de más de 575 millones de dólares. Ahora se disponía a iniciar la tercera fase, destinada a «modernizar» a las Fuerzas Armadas y la Policía, para lo cual necesitaba que el Congreso diera luz verde a un préstamo de 109 millones de dólares preconcedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los diputados se negaron en una votación celebrada el jueves. Tras ello, Bukele convocó para el domingo siguiente una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa haciendo uso de un artículo constitucional ideado par «cuando los intereses de la República lo ameriten». El Congreso consideró que la urgencia no era tal, por lo que la oposición avanzó que no iría.
El domingo militares a las órdenes del presidente Bukele irrumpieron en la sede de la Asamblea Legislativa y policías se presentaron en las viviendas de los asambleístas con la orden verbal de acudir a la sede parlamentaria, lo cual no hicieron.
El propio Bukele entró en la sede parlamentaria rodeado de militares y dio una semana de plazo al órgano para que apruebe el conocido como Plan de Control Territorial. Bukele asegura que los diputados de la oposición que controlan la Asamblea Legislativa están al servicio de las bandas criminales que él pretende combatir.
Ya el lunes, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ha informado de que la Cámara ha decidido condenar por unanimidad lo que consideran la «invasión» e «intento de golpe de Estado» perpetrado el domingo. Además, Ponce ha emplazado a intervenir a la Fiscalía.
