El Constitucional de El Salvador estudia la presión del presidente sobre la Asamblea Legislativa

La oposición denuncia ya un «autogolpe» de Estado del presidente Nayib Bukele

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador está estudiando posibles acciones ante una eventual situación de vulneración del Estado de Derecho por el choque entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, después de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llamara a la «insurrección» para forzar al Parlamento a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares (unos 100 millones de euros) que impulse la Fase III del Plan Control Territorial, una iniciativa para mejorar la seguridad interna.

Uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que pidió no ser identificado, ha explicado en declaraciones a El Diario de Hoy que desde el sábado los cinco magistrados del máximo tribunal constitucional se encuentran analizando las acciones que pueden tomar, después de que dos ciudadanos mediante un recurso de inconstitucionalidad pidieran la intervención de esa instancia.

«Desde ayer en la noche estamos en ese tema», ha afirmado el magistrado de la Sala de lo Constitucional en la mañana del domingo. «Estamos analizando las posibles acciones», ha añadido.

El pasado jueves Bukele anunció la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa aprobar el crédito, pero los diputados lo rechazaron en votación.

El viernes, Bukele ordenó retirar la seguridad de los diputados de la Asamblea Legislativa que presta la Policía y el sábado militarizó las instalaciones de la Asamblea Legislativa.

Para este domingo está convocada una «concentración ciudadana» convocada por Bukele invocando el artículo 87 de la Constitución relativo a la «insurrección» para presionar a los diputados. Dicho artículo estipula que el pueblo tiene derecho a la insurrección para restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución.

La oposición de izquierda y de derecha –Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), las dos formaciones más importantes del Parlamento– han rechazado participar en la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa a convocatoria del Consejo de Ministros. ARENA incluso ha pedido una intervención de la comunidad internacional «para evitar el rompimiento del orden constitucional en El Salvador y se actúe para suspender de inmediato el proceso de autogolpe actualmente en curso».

Sin embargo, las oficialistas Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y el Partido de Concertación Nacional (PCN) sí apoyarán el crédito.

El Fiscal General de la República, Raúl Melara, ha opinado sobre este «choque de poderes» entre Ejecutivo y Legislativo y ha hecho un llamamiento a impulsar «diálogos y consensos para el bienestar del país y de sus ciudadanos». «Como Fiscal General, me mantengo vigilante de que se respete el Estado de Derecho y que nadie transgreda los límites establecidos», ha apuntado Melara en Twitter.

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, ha defendido igualmente el diálogo. «Creo en el espíritu democrático que vive en todos los salvadoreños y estoy convencido de que la mejor vía de resolución de los conflictos es el diálogo razonable y el respeto mutuo», ha indicado también en Twitter.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha emplazado a El Salvador a mantener un «diálogo» abierto y garantizar «el pleno respeto de la institucionalidad democrática» respetando «la independencia de las ramas del poder público», «condición necesaria para el cumplimiento de la Constitución y en conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por el Estado».