El Consejo de Ministros aprueba la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero
En octubre se mantendrán las condiciones actuales y desde noviembre habrá un nuevo esquema ligado a formación válido hasta la reforma laboral
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) asociados al Covid hasta el 28 de febrero de 2022 tras el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro que se trata del sexto Real Decreto-ley que alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia.
La norma mantiene durante el mes de octubre las condiciones vigentes actualmente, de forma que los actuales ERTE se prorrogarán un mes más «para dar tiempo a las empresas, a trabajadores y a las propias administraciones» a adaptarse al nuevo marco de ERTE formativos, según ha indicado Escrivá.
Del 1 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022 entrará en vigor ese nuevo esquema de ERTE formativo en el que las exoneraciones de mayor cuantía estarán ligadas a que las empresas den formación a los trabajadores suspendidos de empleo.
No obstante, Escrivá ha precisado que el decreto deja abierta la puerta a que, a partir del 1 de noviembre, las empresas también pueda acogerse a ERTE de impedimento y limitación de actividad en el caso de que surgieran restricciones frente al Covid.
Pese a que los ERTE se extienden hasta el 28 de noviembre, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha precisado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las empresas que hoy se sujeten a este Real Decreto-ley de prórroga tendrán que acogerse al nuevo mecanismo estructural de flexibilidad interna que se está negociando en el marco de la reforma laboral una vez que éste entre en vigor, lo que previsiblemente sucederá antes del 28 de febrero.
Con la norma aprobada hoy, las empresas de más de diez trabajadores tendrán un 80% de exoneración en sus pagos a la Seguridad Social si imparten formación a los trabajadores en ERTE y un 40% en caso de no hacerlo. Para las empresas de hasta diez empleados, la exención será del 80% si imparten acciones formativas y del 50% si no lo hacen.
En el caso de optar por acciones formativas, las empresas tendrán que dedicar 30 horas de formación si tienen entre 10 y 49 trabajadores y 40 horas si cuentan con plantillas superiores.
Estas actividades formativas, que deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022, se vinculan con un aumento del crédito que se utiliza para financiar la formación programada recogida en ley del sistema de formación profesional para el empleo. Este crédito se obtiene a partir de las aportaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social con el objetivo de que inviertan en la formación profesional de sus empleados.
Durante el mes de octubre las empresas que quieran continuar aplicando ERTE tendrán que cursar una nueva solicitud. Si no reciben respuesta de la autoridad laboral en el plazo de diez días, el silencio administrativo se aplicará con carácter positivo. «Volvemos al procedimiento ordinario. Todas las empresas que a día de hoy están en ERTE tendrán que tramitar ante sus autoridades laborales su expediente y permanencia en el ERTE», ha subrayado Díaz.
EXTENSIÓN DEL CONTADOR A CERO
La norma extiende el llamado contador a cero hasta el 31 de diciembre de 2022, de forma que el tiempo consumido de desempleo por el trabajador que esté en ERTE desde septiembre de 2020 no computará cuando se produzca un despido por cualquier causa después del 1 de enero de 2023. «Nunca ha existido en la historia un mecanismo de protección frente al desempleo tan fuerte como el que estamos desplegando», ha destacado la vicepresidenta segunda.
También se establece en la norma una prestación extraordinaria por desempleo para las personas con contratos fijos-discontinuos, dirigida especialmente al sector turístico y concentrado singularmente en Baleares; se garantiza el contador a cero para este colectivo, que antes no estaba garantizado, y se mantiene en el 70% de la base reguladora el importe de la prestación a recibir por los trabajadores en ERTE durante toda la vigencia de la prórroga.
Asimismo, se mantienen las condiciones de acceso a la prestación, aunque no se tenga el tiempo cotizado requerido, así como el compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses; la prohibición de despedir; la interrupción del computo en contratos temporales; la prohibición de realización de horas extras y de operar en paraísos fiscales; el impedimento de realizar contrataciones nuevas en empresas que están aplicando ERTE, y la imposibilidad de externalizar actividad mientras se disfrutan de los beneficios de los ERTE.
ERTE ESPECÍFICO PARA CANARIAS
El Gobierno también ha trasladado a este decreto el acuerdo alcanzado con los agentes sociales para poner en marcha unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias. Estos ERTE, ha dicho Díaz, también se sujetan al plazo máximo del 28 de febrero, pero dejando la puerta abierta a prorrogar estas medidas más allá de esta fecha.
Según lo acordado, los trabajadores tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha acordado con las organizaciones de autónomos un prestación extraordinaria de cuatro meses de duración para los autónomos de La Palma afectados por la erupción del volcán.
