El Consejo de Estado niega que el Gobierno les ningunee al promover leyes que no les consulta: «Es su potestad»

La presidenta recuerda que la institución avaló la ley del sólo sí es sí y rechaza acusar de machismo a los jueces

El Consejo de Estado no considera que el Gobierno de coalición ningunee a la institución por el hecho de que promueva leyes que no somete a su consulta, sean decretos urgentes o iniciativas parlamentarias de los partidos del Ejecutivo, y recuerda que la ley determina los casos en que su informe es preceptivo, algo que se ha respetado siempre, pero también permite que otros asuntos queden a criterio de Moncloa.

«No es obligatorio que todas las leyes pasen por el Consejo de Estado. Cuando es facultativo, es el Gobierno quien lo decide –ha señalado la presidenta de la institución, Magdalena Valerio, en una rueda de prensa–. Total respeto, es el cumplimiento de las leyes».

El consejero permanente Fernando Ledesma ha apostillado que, en aquellos supuestos donde el informe es obligado, siempre se ha pedido: «En ningún caso se ha omitido la consulta allá donde sea preceptiva», ha afirmado. E incluso ha destacando también que en 2021 el Ejecutivo sí pidió informe sobre el Plan de recuperación tras la pandemia, pese a que era un decreto ley donde el trámite no era obligado.

LA VÍA DEL CONGRESO PARA EVITAR INFORMES

El Gobierno sí ha esquivado el informe del Consejo de Estado en leyes como la de maltrato animal o en las proposiciones de ley promovidas por los socios del Ejecutivo, PSOE y Podemos, en temas tan relevantes como la supresión del delito de sedición o las dos reformas sobre las competencias del Consejo del Poder Judicial (CGPJ).

Y es que las proposiciones legislativas de los grupos parlamentarios no precisan ser enviadas al Consejo de Estado para su informe. Valerio, que era diputada del PSOE hasta su nombramiento, sostiene que esa regulación se debe a que la soberanía nacional reside en las Cortes y que los grupos parlamentarios tienen autonomía para presentar proposiciones de ley. Eso sí, recuerda que hay un Cuerpo de Letrados que también puede hacer comentarios de técnica legislativa durante la tramitación.

La ley que sí pasó por el Consejo de Estado fue la de Garantía de la Libertad Sexual, la conocida como ley del Sólo sí es sí , cuya aplicación está resultando polémica por propiciar rebajas de condenas. Se aprobó por unanimidad un informe de 128 páginas en el que no se trataron las posibles consecuencias de su entrada en vigor en las sentencias, la «penología», pues consideraban que de esa tarea ya se iban a ocupar el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, que también iban a emitir informe.

DE LAS POSIBLES REBAJAS DE PENAS DEBÍAN OCUPARSE OTROS

El Consejo de Estado se centró más en lo relativo al consentimiento y acabaron avalando el anteproyecto: «El dictamen se aprobó por unanimidad y llegó hasta dónde llegó», ha resumido la presidenta, que no cree que tenga sentido que la institución deba revisar su informe con autocrítica.

Lo que sí rechaza Magdalena Valerio son los ataques del Ministerio de Igualdad a los jueces que aplican esas rebajas de condenas, a los que han llegado a tachar de «machistas». A su juicio, a veces puede haber discrepancias a la hora de adaptar una nueva legislación penal, pero no le gustan las «descalificaciones globales» de un colectivo y cree que lo responsable es esperar a lo que determinen las audiencias provinciales y el Tribunal Supremo.

Valerio y Ledesma han presentado este lunes la Memoria del Consejo de Estado correspondiente al año 2021, en el que se recibieron 1.303 consultas (un 35% más que el año anterior), en su mayoría procedentes del Gobierno de la Nación (1.152), aunque también llegaron de comunidades autónomas sin su propio órgano consultivo, como Extremadura o Cantabria, y del Banco de España. De ese total de consultas, 122 se hicieron con carácter de urgencia.

En lo que va de año, en el que la exministra Magdalena Valerio ha sustituido a la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al frente de la institución, el Consejo de Estado ya ha recibido 1.790 consultas, más que en todo 2021, y lleva un ritmo de trabajo que le permite resolver el 40% de esas consultas en menos de 15 días.