El Congreso ya concluyó en 2017 que el PP usó Interior contra independentistas, pero sin provocar acciones judiciales
El PSOE ha prometido otras dos comisiones de investigación que Junts quiere usar para ampliar la amnistía e incluir el supuesto lawfare
El Congreso ya concluyó en 2017 que el Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy utilizó recursos públicos para «perseguir a adversarios políticos», incluyendo a nacionalistas e independentistas catalanes, pero ese dictamen no derivó en actuaciones judiciales. Ahora el PSOE tiene pactadas con ERC y Junts otras dos comisiones de investigación sobre Interior y el independentismo, y ahí es donde los de Carles Puigdemont quieren aprovechar para ampliar el alcance de la amnistía e incluir el llamado lawfare .
En concreto, en el acuerdo de investidura sellado este jueves entre el PSOE y Junts se habla de la constitución de «comisiones de investigación» cuyas conclusiones «se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
Se refieren a las dos comisiones de investigación que el PSOE aceptó el pasado mes de agosto para sumar el voto de los independentistas a la candidatura de Francina Armengol a la Presidencia del Congreso y así hacerse con la mayoría en la Mesa de la Cámara.
PEGASUS Y EL CNI
Una se dedicará a investigar el supuesto espionaje a políticos independentistas con el programa Pegasus y la otra se referirá a supuestas conexiones del CNI con la preparación de los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017, dos temas que hasta entonces el PSOE rechazaba investigar.
Pero el Congreso sí que ha analizado en los últimos años las llamadas cloacas de la Policía, tanto sus maniobras contra los adversarios del Gobierno, como para tapar investigaciones de corrupción que afectaran al PP (Operación Kitchen, ahora a punto de juzgarse).
Así, la llamada Operación Cataluña ya fue objeto de investigación en el Congreso en 2017, en el marco de las pesquisas parlamentarias sobre la supuesta utilización «partidista» del Ministerio del Interior, bajo mandato del popular Jorge Fernández Díaz.
Tras la pertinente ronda de interrogatorios, en julio de 2017 la Cámara concluyó que, efectivamente, se creó una estructura policial destinada, entre otras cosas, a «perseguir» a adversarios políticos como dirigentes del independentismo catalán.
Además de al exministro de Interior, el popular Jorge Fernández Díaz, se señaló al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino como responsables políticos del uso «partidista» de este departamento.
«Se creó una estructura policial destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos», rezan las conclusiones que el Pleno del Congreso aprobó con los votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, y el PDeCAT, y la abstención de Ciudadanos.
SE INTENTÓ QUE INVESTIGARA LA FISCALÍA
Se mencionaba en concreto «la creación y trabajos realizados por las BARC» (Brigada de Análisis y Revisión de Casos) contra el PSOE, la falsa cuenta en Suiza de Xavier Trías, o el llamado «Informe PISA» contra Podemos sobre supuestas actividades económicas de Pablo Iglesias.
En todo caso, aquel dictamen no derivó en actuaciones judiciales. Unidas Podemos, ERC y el PDeCAT intentaron que esas conclusiones se enviaran a la Fiscalía por si se podían derivar consecuencias penales de las mismas, pero PP, PSOE, Cs y el PNV se opusieron. En ese debate, el presidente de la comisión, Mikel Legarda, del PNV, recordó que, en todo caso, sería la Mesa del Congreso la que debería decidir si se informaba al Ministerio Público.
En este contexto, tanto el PSOE como el PNV subrayaron que la misión de la comisión era señalar responsabilidades políticas, no penales, y que, en cualquier caso, la Fiscalía tendría conocimiento del resultado de la investigación mediante su publicación en el Boletín del Congreso y que siempre podría actuar de oficio.
Y en marzo de este mismo año, el Congreso creó una nueva comisión de investigación relativa a las conocidas como cloacas del Estado. Se hizo a instancias de una petición que los partidos independentistas habían registrado nueve meses antes para abrir pesquisas sobre la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada Operación Cataluña .
ESTE AÑO, FALLIDO NUEVO INTENTO
Después, el PSOE incluyó entre los objetivos de la investigación la conocida como Operación Kitchen , que ya había sido objeto de otra comisión con anterioridad. Sin embargo, los vetos cruzados entre partidos para llamar a comparecientes llevaron a que sólo diera tiempo a interrogar al excomisario José Manuel Villarejo. En mayo, la comisión decayó con la disolución de las Cortes por la convocatoria adelantada de las elecciones generales.
Ahora Junts quiere aprovechar las nuevas comisiones de investigación prometidas para profundizar en la amnistía a los independentistas encausados a lo largo de los diez últimos años. El expresidente catalán Carles Puigdemont, quiere que lo que decida el Congreso sirva para demostrar el supuesto lawfare y así revisar otras causas que afectan a correligionarios.
Precisamente esa mención al lawfare en el acuerdo del PSOE y Junts soliviantó a las principales asociaciones judiciales y al Consejo General del Poder Judicial, que interpretaron que el Congreso iba a fiscalizar la actuación de los tribunales.
