El Congreso vota mañana dejar fuera a las eléctricas del impuesto energético, como plantea Ciudadanos

La propuesta adaptaría el gravamen al acordado en la UE para gravar beneficios y no ingresos de petroleras, gasistas y mineras

El Pleno del Congreso votará este jueves si adaptar el nuevo impuesto sobre los ingresos extraordinarios de las grandes energéticas a la propuesta acordada por los Estados de la Unión Europea, dejando fuera a las compañías eléctricas, e imitar este diseño para el impuesto a la banca.

Esta es la propuesta alternativa que defenderá Ciudadanos en el debate de totalidad de la proposición de ley que recoge los nuevos gravámenes. Se trata de la única enmienda a la totalidad registrada a esta norma y es de texto alternativo, ya que ninguna formación propone tumbar la iniciativa.

Con su propuesta, Cs plantea implica limitar la aplicación del impuesto a empresas petroleras, gasistas y mineras, dejando fuera a las eléctricas, y gravar los beneficios de un solo año (en su propuesta, 2022) que excedan en un 20% el promedio obtenido en los tres ejercicios anteriores, que se gravarían en un 33%.

Asimismo, Cs plantea un carácter finalista de los nuevos impuestos, al limitar legalmente su recaudación a determinados fines, que en el caso del energético son medidas de apoyo a los consumidores, de reducción del consumo, a industrias dependientes de la energía o condicionadas por inversiones en renovables, eficiencia y descarbonización.

FINANCIAR INTERCONEXIONES O DEDUCCIONES FISCALES

También limita su recaudación para medidas de apoyo a la autonomía energética, «especialmente aquellas con dimensión transfronteriza», por lo que su recaudación podría ir dirigida a financiar interconexiones como la reactivación del gasoducto transpirenaico Midcat.

En el caso del impuesto bancario, Cs quiere que la recaudación vaya a apoyar a deudores bancarios y a una deducción en el IRPF para desgravarse hasta 400 euros procedentes del pago de intereses de hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual.

DEJARÍA FUERA A LAS ELÉCTRICAS

En su iniciativa, la única que se ha registrado para intentar tumbar los nuevos impuestos o sustituirlos por una alternativa una vez cerrado el plazo esta semana en la Cámara, Cs reconoce que «sí deben aportarse soluciones que alivien el bolsillo de unos ciudadanos asfixiados por un nivel de precios que ha disparado los índices de pobreza y pobreza extrema».

Sin embargo, plantea no aplicar a las compañías eléctricas el gravamen energético, atendiendo a que ya están sujetas a la minoración de ingresos por el sobrecoste del gas y el tope al gas, por lo que considera que «no sería procedente que en España se impusieran gravámenes adicionales sobre unos potenciales beneficios, y mucho menos sobre unos potenciales ingresos que ya les son limitados por ley».

GRAVARÍA BENEFICIOS, NO INGRESOS

Por ello, sugiere que el impuesto se limite al sector del petróleo, el gas y el carbón, tal y como han acordado los ministros de Energía de la UE, y gravar un 33% sobre los beneficios obtenidos en 2022 que superen el 20% al obtenido, de media, en los últimos cuatro años.

La propuesta de la UE es gravar los beneficios de 2023, mientras que Cs quiere que sean los obtenidos en el presente ejercicio y el Gobierno había planteado un gravamen de tipo mucho más reducido, pero sobre todos los ingresos obtenidos).

La alternativa de la formación naranja , además, se limitaría a aquellas empresas de estos sectores que concentren un 75% de su actividad a la extracción, minería, refino de petróleo o fabricación de hornos de coque, por lo que dejaría fuera a energéticas con actividad más diversificada.

EL IMPUESTO BANCARIO, PARA TODA ENTIDAD DE CRÉDITO

Para la banca, Cs coincide con el Gobierno en la necesidad de imponer también un gravamen, pero defiende que también sea «excepcional y limitada a un solo ejercicio» y con idénticas consideraciones al energético –un 33% sobre el exceso de beneficios, a partir del 20% de los obtenidos, de media, en los últimos tres años–.

Igual que en el energético, Cs propone no diferenciar por volumen de facturación (la propuesta de PSOE y Unidas Podemos sólo se aplicaría a entidades con facturación de más de 1.000 millones al año) y en el caso del gravamen bancario, aplicarlo a toda entidad de crédito y establecimiento financiero de crédito.