El Congreso vota el miércoles si Sánchez debe rendir cuentas por la corrupción y dejar de usar a la Abogacía del Estado

El PP busca que los socios exijan explicaciones al presidente y registran una pregunta específica para Yolanda Díaz

El PP someterá el próximo miércoles a votación en el Pleno del Congreso una moción en la que se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a rendir cuentas por lo casos de corrupción que le atribuyen los populares y a renunciar al uso de la Abogacía del Estado para emprender acciones judiciales contra miembros de la judicatura que investigan a miembros del Gobierno y sus familiares en casos de corrupción.

Se trata de una moción registrada por el PP derivada de la interpelación que sobre este asunto dirigió el pasado miércoles al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, la dirigente popular Ester Muñoz.

Con este texto, recogido por Europa Press, el PP persigue que los socios de Gobierno de Sánchez y sus aliados parlamentarios se retraten. De hecho, las apelaciones por parte del PP a estos partidos para que se posicionen ante las últimas noticias sobre el caso Koldo o los asuntos que afectan a familiares de Sánchez han sido constantes en las últimas semanas.

En este contexto, la propia Muñoz ha registrado una pregunta para que la vicepresidenta segunda y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, le aclare «cuánto tiempo van a seguir amparando la corrupción» que, desde su punto de vista, tiene cercado al jefe del Ejecutivo.

REUNIONES CON ALDAMA

En concreto, el PP aspira a que la Cámara demande la presencia de Sánchez para dar cuenta de sus relaciones y las de su entorno familiar con el empresario Víctor Aldama, que, según la investigación judicial, actuaba como conseguidor de la trama del Koldo García para la adjudicación de contratos de mascarillas y, además, está en prisión por pertenecer a un entramado que estaría involucrado en un fraude en el mercado de los hidrocarburos.

También exigen que el presidente del Gobierno dé explicaciones sobre las razones que motivaron el cede del exministro José Luis Ábalos y su eventual relación con la presunta comisión de delitos de «pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios».

RESCATE DE AIR EUROPA

Otra de las peticiones del PP es que se inste a dar a conocer la relación de las reuniones de los distintos miembros del Gobierno en las que se trató el rescate de Air Europa, detallando fechas y participantes, y especificando en cuáles estuvo Sánchez y por qué.

Aclarar «las múltiples contradicciones y mentiras» en las que incurrieron diferentes miembros del Gobierno en especial el propio Sánchez en sede parlamentaria, sobre la escala en Madrid de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero de 2020, es otra de las demandas del PP.

En concreto, los de Alberto Núñez Feijóo exigen explicaciones sobre el hecho de que se «ocultara» que Rodríguez habría viajado a España por «una invitación oficial del PSOE promovida por miembros de una trama corrupta».

En otro de los puntos de la moción, el PP recalca que los jueces que investigan a miembros del Gobierno y sus familiares –en referencia al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez y su hermano, conocido como David Azagra– lo hacen «en ejercicio de su función constitucional».

No le citan expresamente, pero se refieren al juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde su juzgado madrileño a la esposa de Sánchez y contra el que el presidente presentó, a través de la Abogacía del Estado, una querella que ya ha sido inadmitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

¿LE HAN HECHO MINISTRO PARA AFORARLE?

Por ello, el PP, que ha venido acusando al presidente de usar a la Abogacía del Estado como su «bufete particular», también pretende que el Congreso inste al presidente a dejar de recurrir a la Abogacía del Estado para emprender acciones judiciales contra los jueces y magistrados que investigan a miembros del Gobierno y sus familiares en diversos casos de corrupción.

Este asunto también estará presente en la sesión de control del miércoles a través de otras preguntas como la firmada por la diputada Mirian Guardiola, que aspira a que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le diga si «debería el Gobierno asumir responsabilidades por los múltiples casos de corrupción» que están conociendo y que le implican a él «directamente»

De su lado, el portavoz de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quiere dirigirse al ministro de Transformación Digital y antes jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Óscar López, para que le desvele si «ha sido nombrado ministro para aforarle ante el Supremo».