El Congreso vota el miércoles los tres últimos decretos del Gobierno, con las negociaciones de PSOE y Junts suspendidas
En juego están las ayudas al transporte y la subida de pensiones, la tasa energética y la última reforma pendiente de pensiones
El Congreso de los Diputados debatirá y votará el próximo miércoles, 22 de enero, los últimos decretos aprobados por el Gobierno para fijar un gravamen energético, para compatibilizar la pensión con un empleo y para revalorizar las pensiones y prorrogar las ayudas al transporte.
El Pleno que decidirá si convalida o deroga estos tres decretos se producirá justo después de que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, haya anunciado la suspensión de negociaciones con el PSOE por no haber permitido la tramitación de su iniciativa para exigir que el presidente Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza en la Cámara Baja.
Aunque los tres decretos están en vigor desde el pasado 23 de diciembre, cuando fueron aprobados por el Consejo de Ministros, el Congreso tiene que decidir si los convalida o los deroga antes de que transcurran treinta días desde su promulgación, tal y como establece el artículo 151 de la Constitución.
Con la reciente ruptura de negociaciones entre independentistas y socialistas, la aritmética parlamentaria queda en un panorama más complejo que obligará al Gobierno a intensificar las conversaciones en el hemiciclo si quieren que prosperen las normas. Eso sí, cada decreto encara su debate final desde perspectivas diferentes.
NI PNV NI JUNTS QUIEREN EL GRAVAMEN ENERGÉTICO
El que tiene difícil futuro es el decreto que incluye un gravamen para las empresas energéticas en 2025, pues PP, Vox, PNV y Junts lo han rechazado en anteriores ocasiones y siguen en el no.
Se trata de un nuevo gramaven temporal sobre las empresas energéticas para este año, que cuenta con bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades de descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.
A pesar de ese compromiso, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ya dijo que por parte de su partido «el voto es no» al considerar que la tasa «rompe el principio de relaciones con las comunidades forales, tanto con la comunidad autónoma vasca como con Navarra».
EL PP PUEDE SALVAR AL GOBIERNO CON LAS PENSIONES
Un escenario diferente afronta el decreto que mejora la regulación de la jubilación parcial, activa y demorada, puesto que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanzó el apoyo de su formación a este decreto, que desembarca a la Carrera de San Jerónimo con el respaldo de los sindicatos y la patronal.
De apoyarla el PP, la norma no tendría inconveniente para prosperar en el Congreso, a pesar de que Bildu y Podemos hayan dicho que votarán en contra de la norma y Vox el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, se hayan mostrado críticos con la misma, alegando que supone alargar la edad de jubilación.
Entre las medidas que incluye, el decreto elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa para disfrutar de la jubilación activa, que será compatible con los incentivos de demora y su compatibilidad se fijará en función del tiempo que se demore. De este modo, cada año de demora en la jubilación activa, incrementará el porcentaje a aplicar en el percibo de la pensión e irá del 45%, cuando la demora sea de un año, hasta el 100% si el acceso a la misma se ha demorado cinco años o más.
INCERTIDUMBRE CON EL DECRETO ÓMNIBUS
Por último, la Cámara Baja fijará posición en un decreto ómnibus que incluye la extensión durante seis meses más, hasta junio de 2025, de la bonificación al transporte público, la subida de las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El texto también incluye la prórroga de la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025. Lo que no incluye la norma es el IVA reducido de la luz, que va a volver a situarse en un 21% permanente.
Y precisamente este punto, junto a otra disposición que concede al PNV la propiedad del edificio en el que se sitúa la sede del Instituto Cervantes en París (entre otros edificios), ha provocado el enfado del PP. «Dinero calentito y limpio, directo de los españoles al socio de Sánchez. Negocio redondo», ha criticado el partido a través de la red social X.
Con este panorama, el Gobierno volverá a vivir días de intensas negociaciones para amarrar los votos necesarios para hacer prosperar este decreto, que si PP y Junts rechazan harán muy complicada su convalidación.
