El Congreso tramitará una ley que para que haya al menos un cajero automático por municipio

Los grupos parlamentarios del Congreso, salvo Vox, han avanzado su apoyo este martes en el Pleno a la toma en consideración de una proposición de ley enviada por el Parlamento de Cataluña para garantizar que haya, al menos, un cajero automático por municipio o por cada 5.000 habitantes.

De la presentación de la ley se han encargado los diputados del Parlamento de Cataluña Jordi Orobitg (ERC), Jordi Munell (Junts) y Joan Carles Gallego (En Comú Podem).

Los ponentes han defendido que la instalación de estos cajeros corra a cuenta de los bancos, sobre todo mirando las cuentas de resultados del 2023, cuando la gran banca española superó los 26.000 millones de euros en beneficios.

Jordi Orobitg, de Esquerra, ha subrayado la necesidad de garantizar el acceso a los servicios bancarios básicos, especialmente a los más vulnerables. Sobre todo teniendo en cuenta que el número de sucursales ha menguado en los últimos años en España, pasando de cerca de 46.000 en 2008 a unas 17.000 en septiembre de 2023.

Con este panorama, y teniendo en cuenta que operar con una cuenta bancaria debería ser «un derecho fundamental», Orobitg ha reclamado implantar una fórmula de liderazgo público que movilice recursos privados para la prestación del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera.

LA EXCLUSIÓN FINANCIERA, UN PROBLEMA PARA LOS MAYORES

Jordi Munell, de Junts, ha denunciado que la exclusión financiera afecta principalmente a personas mayores, pues muchas aprendieron a hacer gestiones como el cobro de la pensión o domiciliar recibos mediante atención en ventanilla y ahora se les está «exigiendo» que aprendan a utilizar herramientas «más complejas», como Bizum o la banca digital.

«La realidad es que no se acostumbran a ello. Eso les supone un verdadero problema y les genera una exclusión social que es una exclusión financiera», ha denunciado Munell, que ha recordado que tres de cada cuatro personas mayores no saben utilizar la banca móvil, según informes del Banco de España y otras entidades financieras.

De su lado, Joan Carles Gallego, de En Comú Podem, ha recordado que al tiempo que la banca registra beneficios de 26.000 millones de euros en 2023, hay 1.500 oficinas y 6.000 trabajadores menos que en 2021. Esto ha hecho, apunta el diputado, que si antes una oficina atendía unas 1.500 personas, en la actualidad atiende a más de 2.500.

EL PSOE VE «MARGEN DE MEJORA» EN LA INICIATIVA

Por parte del PSOE, la diputada Alicia Álvarez González, ha avanzado el apoyo socialista a la toma en consideración de la ley, pero también ha incidido en que la norma tiene «amplio margen de mejora», por lo que su formación espera introducir enmiendas durante su tramitación.

También ha ensalzado Álvarez el papel que han jugado en la lucha contra la exclusión financiera la exministra de Economía, Nadia Calviño, y el nuevo ministro, Carlos Cuerpo. «Han buscado siempre la implicación y el acuerdo de las entidades para establecer hojas de ruta», ha apuntado la diputada. Esta hoja de ruta, ha dicho, ha permitido que haya 158 municipios donde residen 138.757 personas que ya no están excluidos en esta materia.

En el turno de Sumar ha intervenido el diputado por Tarragona, Félix Alonso, quien se ha sumado a las quejas por el cierre de oficinas de los últimos años. «Cuando las sucursales cierran, poco después lo hacen los negocios, agravando los problemas de la España vaciada. Los clientes hacemos las operaciones mientras la banca reduce personal, cierra oficinas y cajeros. ¡Se enriquecen a costa nuestra!», ha clamado Alonso.

En este contexto, ha alertado que más de la mitad de municipios de España no tienen sucursal ni cajero automático. Además, ha recordado que sólo el 5,2% de las personas mayores de 65 años tienen competencias digitales para realizar operaciones bancarias.

EL PP PIDE QUE NO SE ESTANQUE LA TRAMITACIÓN DE LA LEY

Del lado del PP, el diputado por Barcelona, Santi Serra, ha avanzado también el apoyo de su formación a la toma en consideración de la propuesta, ya que considera que el desabastecimiento de servicios presenciales «es una realidad».

Eso sí, Serra ha recordado que esta propuesta también llegó a registrarse en el Congreso tras su toma en consideración en el Senado, pero después su tramitación se dilató «más de ocho meses» hasta decaer con el adelanto electoral. «Esperamos que ahora no ocurra lo mismo», ha apuntado el diputado del PP.

Por su parte, la diputada de Barcelona de Vox, Carina Mejías, ha indicado que en la actualidad existen brechas en términos de exclusión financiera en función del territorio. Así, en la Comunidad de Castilla y León, 1.767 pueblos no tienen servicios bancarios, ni sucursal bancaria, ni cajero, mientras que en la Comunidad de Madrid hay un cajero en cada kilómetro.

Mejías ha incidido, asimismo, en que la banca tiene «más razón que nunca» para reducir estas brechas a tenor de los resultados obtenidos en 2023. Sin embargo, la diputada de Vox ha criticado al Gobierno porque, al tiempo que «no cumple», exige a los bancos cumplir su palabra con la exclusión financiera.

«Aquellos gobiernos que se llenan la boca hablando de no dejar a nadie atrás tienen que empezar predicando con el ejemplo. Por lo tanto, Vox seguirá trabajando y luchando por evitar la exclusión financiera, pero lo hará a su manera», ha zanjado.

En cuanto al resto formaciones políticas, tanto Coalición Canaria, como BNG y Podemos, todas integradas en el Grupo Mixto, se han posicionado a favor de la iniciativa. PNV y EH Bildu también han adelantado su apoyo a la toma en consideración.