El Congreso sentencia que las preferentes fueron «un claro engaño» que el Banco de España pudo impedir

La comisión que ha investigado en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro ha concluido que la venta de preferentes a minoristas «fue una decisión desesperada de la industria financiera» y «un claro engaño a los consumidores», cuyos riesgos eran conocidos por el Banco de España, pese a lo cual, no impidió su venta.

Así, en el informe aprobado este jueves por la comisión que preside la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, se subraya que la venta de participaciones preferentes a clientes de la banca «con perfil no idóneo para el manejo financiero» fue «una decisión desesperada de la industria financiera, que buscaba dotarse de recursos propios ante las exigencias regulatorias y las dificultades que el conjunto de entidades tenía».

EL SUPERVISOR CONOCÍA LA «AVERSIÓN» A ESE PRODUCTO

En este sentido, subraya que «el Banco de España no impidió estas operaciones aun cuando tenía información contrastada por parte de sus equipos de inspección sobre la situación de problemas de solvencia por parte de muchas entidades, y cuando ya se tenía constancia sobre la aversión a estos productos por parte de los inversores institucionales».

«Es decir, se permitió la colocación a pequeños ahorradores de productos financieros complejos que finalmente supusieron quebrantos económicos para sus tenedores», sentencia el informe, que ofrece dentro del dictamen un relato de la investigación llevada a cabo por la comisión.

Respecto a su responsabilidad, el Congreso subraya que el papel en esta venta no fue exclusivo de las cajas de ahorro: «Las pérdidas generadas con posterioridad a pequeños ahorradores por la colocación inadecuada de preferentes no fueron solo debidas a las operaciones emprendidas por las cajas de ahorros, sino también por las de algunos bancos», señala.

SE ESCONDIÓ «SU VERDADERO CARÁCTER»

El Congreso acusa a las entidades financieras de recurrir a la venta de estos instrumentos a «particulares y a clientes sin cultura financiera, escondiendo su verdadero carácter y simulando ser depósitos o inversiones normales o sencillas de recuperar». «En algunos de los casos, la comercialización se realizó de manera poco transparente o incluso engañosa», sentencia.

Y es que el dictamen de la comisión en su relato establece que las participaciones preferentes «resultaron un claro engaño a los consumidores en cuanto a su publicidad, su forma de colocación en el mercado, y unas condiciones que no estaban acordes a las promesas de inversión que realizaron bancos y cajas de ahorros».

Una realidad confirmada después por los tribunales, ya que en estos se tendió a «la nulidad del contrato», según prosigue el relato elaborado por la comisión, «fundamentada en el error en el consentimiento otorgado a la realización del negocio jurídico».

«Es decir, la prestación de un consentimiento viciado esencialmente por la falta de información y conocimiento del tipo de producto que se estaba adquiriendo, así como sus características y los riesgos que implicaban», sostiene.