El Congreso se pronuncia hoy sobre la elección por concurso público de los responsables de los órganos reguladores

El PSOE propuso la fórmula pero luego reculó: prefiere que proponga el Gobierno y que el Congreso los avale por mayoría cualificada

La subcomisión del Congreso encargada de elaborar un informe con recetas para reforzar la imparcialidad e independencia de los órganos reguladores se pronunciará este miércoles sobre la propuesta de que todos los candidatos a presidir las autoridades independientes y los órganos reguladores sean elegidos mediante un concurso público, como ya se hace con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Esa fue la fórmula que inicialmente lanzaron los socialistas, de acuerdo con Más País, en el borrador que la subcomisión de Calidad Democrática tomó como texto base para la elaboración de su informe. Sin embargo, la semana pasada el PSOE se autoenmendó y renunció a esa idea del concurso público.

Los socialistas ahora ya no ven necesario promover «una normativa que afecte a todas las autoridades independientes por igual» y que introduzca «la obligatoriedad de que el Ministerio correspondiente publicara, antes del nombramiento, una convocatoria pública de candidatos y candidatas».

En sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press y que se someterán a votación este miércoles en la subcomisión, el PSOE apuesta por suprimir del borrador de conclusiones esa unificación legislativa que planteó inicialmente y recalca que no hay necesidad de homogeneización.

SINGULARIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA

Las propuestas que defienden el PSOE y Más País afectarían un total de siete administraciones independientes: Agencia de Protección de Datos, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Quedaría fuera el Banco de España. En este contexto, a finales de enero la subcomisión ya aprobó una enmienda del PSOE para destacar la singularidad de la naturaleza jurídica de esta institución, pero también avaló otra de Más País que apuesta por no limitar las recomendaciones que se aprueben a las siete administraciones independientes citadas, sino que éstas se puedan extender a otros organismos de este tipo.

En sus enmiendas, el PP rechaza la propuesta inicial del PSOE y Más País de unificar el sistema para su designación a través de una convocatoria pública de candidatos, una fórmula que tampoco avala Vox. Por contra, Ciudadanos, que siempre ha defendido concursos públicos para la elección de este tipo de cargos, no ha presentado enmiendas a este punto, como tampoco han hecho Unidas Podemos, ERC ni Bildu.

Populares y socialistas sí comparten que todos los máximos responsables de las administraciones independientes deben seguir siendo propuestos por el Ejecutivo, a lo que no pone pegas el PNV, si bien los nacionalistas vascos ven imprescindible que el Gobierno motive su elección.

Pero, mientras que PSOE y Más País defienden que en todos los casos, la persona propuesta por el Gobierno comparezca en el Congreso antes de ser nombrada para someterse a un examen de idoneidad que despeje dudas sobre eventuales conflictos de intereses, el PP no es tan taxativo. No se cierra a extender a todas las autoridades independientes ese método pero habla de que podría hacerse «eventualmente, teniendo en cuenta las características, circunstancias y alcance» de cada autoridad.

COMISIÓN ESPECIALIZADA DEL CONGRESO

El PSOE y Más País quieren crear para ese trámite una comisión especializada en lugar de que ese dictamen lo emita, como es habitual ahora, la comisión encargada de la materia correspondiente objeto de regulación, una idea que el PNV rechaza de plano puesto que sostiene que los portavoces especializados están en las comisiones sectoriales y son quienes deben examinar a los aspirantes.

Además, socialistas y Más País aspiran a que esa Comisión de Nombramientos reforzada tenga más poderes para investigar el perfil de los candidatos y someterles a un examen más exhaustivo y con más poderes para controlar, una propuesta que agrada a Ciudadanos.

Sin embargo, el PP rechaza esas modificaciones, aunque admite que el dictamen de idoneidad de los aspirantes a la presidencia de las autoridades independientes tenga que ser aprobado por mayoría cualificada y que en ningún caso pueda salir adelante con el voto afirmativo de un único grupo parlamentario, como propone el borrador de conclusiones. Ciudadanos, por su parte, plantea fijar esa mayoría cualificada en tres quintos.

ESPECIFICAR LOS MÉRITOS NECESARIOS

En su nueva remesa de enmiendas, el grupo parlamentario que capitanea Héctor Gómez se reafirma en que «en general, los requisitos» para acceder de dichas instituciones son «excesivamente laxos», pero en su enmienda va más allá y, además de señalar esa deficiencia, llama a «concretar» en qué consiste la «competencia» y la «profesionalidad» que debe exigirse a los aspirantes a dirigir los reguladores y a especificar «con mucho más detalle los méritos concretos con los que deben contar».

«En definitiva –señala– sería conveniente concretar con más detalle para cada autoridad independiente los elementos de competencia y profesionalidad que son necesarios, en correspondencia a la materia específica de cada una de ellas, para poder ejercer la función directiva salvaguardando el interés general y la independencia de criterios. Y ello, por la especificidad de cada autoridad, sólo se puede hacer en cada una de sus leyes de creación, sin necesidad de homogeneizar dichos requisitos».

El que plantea modificar totalmente el método de elección es Vox, que aboga por imitar el modelo portugués en el que es una entidad independiente la que selecciona a los candidatos a ocupar los puestos directivos de los reguladores y las autoridades independientes a partir de los principios de mérito y capacidad y mediante un procedimiento público, transparente y competitivo.

Según la propuesta de Vox, los miembros de ese comité de selección serían examinados y nombrados por una comisión del Congreso por un periodo de cinco años, mediante el sistema que se elige para designar a los miembros de la Mesa del Congreso.