El Congreso se prepara para celebrar la próxima semana la primera votación sobre la financiación singular de Cataluña

El Congreso albergará la próxima semana la primera votación sobre la financiación singular de Cataluña, tal y como se recoge en una moción del PP que se discutirá en el próximo Pleno.

Se trata de una iniciativa con la que el PP quiere que el PSOE se posicione sobre la necesidad de mantener la multilateralidad en las negociaciones sobre la financiación autonómica en vez del modelo singular y la bilateralidad que reclaman los partidos independentistas para Cataluña.

El texto, derivado de una interpelación urgente con la vicepresidenta María Jesús Montero que tuvo lugar el pasado junio, se registró antes de que Esquerra y el PSC llegasen a un acuerdo para impulsar un nuevo sistema de financiación para Cataluña similar al concierto económico. En todo caso, los populares tienen opción de actualizar la redacción vía enmienda.

UN «AGRAVIO COMPARATIVO»

En su moción, el PP recuerda que los compromisos firmados por el Ejecutivo con Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez «amenazan con romper» los principios de igualdad, equidad y solidaridad en términos económicos y sociales. «Condonar 15.000 millones de euros a Cataluña es doblemente injusto», sostienen.

A su juicio, cualquier cesión del Gobierno al independentismo catalán en temas de financiación es «sólo» para comprar sus votos y supone un «agravio comparativo» hacia las demás CCAA porque se «premia» a la comunidad que, «recibiendo más recursos que nadie, peor ha gestionado y más ha derrochado». Además, remarcan que esa deuda «no desaparece», sino que se «mutualiza» y la tienen que pagar el resto de las CC.AA.

La iniciativa, recogida por Europa Press, consta de doce puntos para, entre otras medidas, garantizar que la multilateralidad y transparencia sean los principios sobre los que se fundamentará la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica abandonando cualquier bilateralidad con las CCAA.

Al hilo de esta cuestión, se urge también al Ejecutivo a convocar tanto la Conferencia de Presidentes como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y se reclama que se cuantifique, con base en distintos pronunciamientos previos de la ministra de Hacienda, la cantidad y fórmula del incremento de los fondos a destinar a las CCAA para conocimiento previo y garantizar que nadie pierda y todos ganen.

También quieren que se establezca un fondo transitorio que dé apoyo a las CC.AA durante el proceso que dure la negociación del sistema de financiación con el fin de que sirva para atenuar los problemas actuales.

LAS CC.AA TIENEN QUE DECIDIR

Además, los de Alberto Núñez Feijóo piden que se asegure el respeto y que se tenga en cuenta tanto la insularidad de Canarias y Baleares, como las especialidades de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En la iniciativa abogan también por modificar el reglamento del CPFF con el fin de dotar a las CC.AA de mayor capacidad de decisión en la toma de decisiones.

Al hilo de esta cuestión, en otro de los puntos de la iniciativa reclaman que la reforma del sistema de financiación se base en el análisis de datos y teniendo en cuenta el futuro gasto en sanidad y políticas sociales derivados del envejecimiento de la población que se va a producir en los próximos años.

Igualmente abogan por tener en cuenta, dentro de los calculos, la ponderación de variables como la dispersión o la despoblación para que se pueda garantizar la suficiencia financiera autonómica y la prestación de lo servicios en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.

LAS DECISIONES «UNILATERALES» LAS PAGA EL GOBIERNO

Desde el PP quieren además introducir dentro del sistema de financiación autonómica una nueva cogobernanza de los fondos europeos derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que atienda a las reivindicaciones que han manifestado todas las CCAA. Pero también que se analicen los fondos existentes y el cumplimiento de los fines para los que están previstos.

Por último urgen asegurar el respeto a las capacidades normativas de las CCAA, evitando intromisiones en sus competencias e incluir una cláusula para el mismo en la ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas.

De esta manera lo que quieren desde el PP es que se acuerde un Compromiso de Estado que asegure que cualquier incremento de costes extraordinarios derivados de decisiones unilaterales del Gobierno con repercusión en las CCAA lleve automáticamente adherida la financiación necesaria para su cumplimiento.