El Congreso rechaza la idea de Vox de poner multas para obligar a acatar las resoluciones del Consejo de Transparencia
La Comisión de Función Pública del Congreso ha rechazado este jueves una proposición no de ley de Vox que demandaba la imposición de multas para obligar a acatar las resoluciones del Consejo de Transparencia y medidas para incrementar la independencia de este organismo.
La iniciativa, que sólo ha encontrado el respaldo del PP y Ciudadanos, instaba al Gobierno a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas «los principios fundamentales de su actuación», garantizando el acceso de la ciudadanía a la información pública con el fin de que pueda «conocer en todo momento las actuaciones de sus representantes».
Para ello, Vox planteaba que se reformase la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y que se aprovechase esa norma para regular los grupos de presión y crear un Registro Estatal de intereses y grupos de interés.
En su iniciativa, recogida por Europa Press, Vox demandaba que la ciudadanía pudiera conocer las reuniones que mantienen con ellos «los altos cargos y responsables políticos» y que se detallase qué actividades pueden realizar los lobbies , un código de conducta que les obligue y que tengan que estar registrados.
PRESUPUESTO PROPIO Y MÁS CONTROL DEL CONGRESO
Pensando en potenciar «la autoridad» del Consejo del mismo nombre que vela por su cumplimiento, Vox pedía que se le diera más poder para adoptar criterios de interpretación y recomendaciones y que se fijara un régimen sancionador para, a través de «multas coercitivas», forzar al acatamiento de sus reclamaciones.
Además de reclamar más dotación presupuestaria y de personal para este órgano, sugería que se le dotase de un presupuesto propio y segregado del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para favorecer su independencia.
También planteaba que los informes anuales sobre la actividad del consejo fueran objeto de debate y enmiendas en el Congreso, que se adaptase la normativa básica de transparencia a las necesidades actuales y que se promoviera, a través de los convenios ya en vigor, que Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria constituyeran sus propios Consejos de Transparencia.
