El Congreso rechaza exigir al Gobierno el cierre de las embajadas catalanas en el exterior como pedía Vox
La Comisión Constitucional del Congreso ha rechazado este miércoles una iniciativa de Vox para exigir al Gobierno aplicar las medidas oportunas para cerrar de «inmediato» las, a su juicio, «mal llamadas» embajadas catalanas en el exterior y también para que el Ejecutivo lleve a cabo más control del gasto público.
En su texto, los de Santiago Abascal denunciaban que «ciertos ejecutivos regionales separatistas» prefieren destinar fondos públicos a causas que no benefician a la población y que «amenazan» directamente a la unidad nacional y a la igualdad entre españoles.
«Los partidos separatistas, con el beneplácito de Pedro Sánchez, han hecho uso de las instituciones y de los fondos públicos para promover la quiebra de la unidad de España», remarcaban, poniendo como ejemplo las «mal llamadas embajadas» de ciertos ejecutivos regionales fuera de España, las políticas de «adoctrinamiento» que buscan sacar el español del sistema educativo o el uso «fraudulento» de los medios de comunicación públicos para hacer propaganda de la causa separatista.
MÁS DE 127 MILLONES EN ACCIÓN EXTERIOR CATALANA
De hecho, ponen el foco en Cataluña, ya que según detallan existen aproximadamente un centenar de oficinas de representación en el exterior y emplean hasta 27.958.351,63 euros para financiar el Gabinete y Secretaría General de Acción Exterior y Gobierno Abierto de Cataluña y hasta 100.089.260,00 euros para la Secretaría de Acción Exterior del Gobierno.
Por ello, en el texto de la iniciativa, recogido por Europa Press, Vox instaba al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas para acabar con las embajadas catalanas en el exterior.
Asimismo, planteaban acabar con «el gasto público destinado a actividades y programas separatistas que no contribuyen al bien común» y establecer mecanismos de control y transparencia para garantizar la eficiencia del gasto público. Ya que, según incidían, el Gobierno socialista ha «renunciado» a custodiar el dinero de todos con la «diligencia mínimamente exigible».
Otro de los puntos era su propuesta para promover «una asignación de los recursos públicos que fomente la unidad nacional y la convivencia pacífica entre los españoles» porque consideran que mientras los españoles hacen esfuerzos «extremos» para costearse las necesidades más básicas, el Gobierno y algunos ejecutivos regionales de «claro» signo separatista «dilapidan» el dinero de todos en acciones que atacan «deliberadamente» a España y sus ciudadanos.
