El Congreso rebate ante el TC los argumentos de Vox: La Cámara no se paralizó por la pandemia y hubo control al Gobierno

Sostiene que sólo se suspendieron plazos administrativos y que el propio Constitucional hizo lo mismo con sus plazos «procesales»

El Congreso sostiene que la Cámara no se «paralizó» durante el primer estado de alarma decretado en marzo de 2020 por la pandemia de coronavirus, que no se cercenaron los derechos de los diputados ni se vio afectado el control al Gobierno y que las decisiones que tomó la Mesa de la Cámara fueron «proporcionadas», teniendo en cuenta que había un confinamiento nacional y había que preservar la salud pública.

Así lo defiende la institución que preside Meritxell Batet en las alegaciones que presentó ante el TC en el marco de la tramitación del recurso presentado por Vox ante el Alto Tribunal, que está ya preparando una sentencia al respecto.

En sus alegaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, el Congreso subraya que lo único que se suspendió tras el primer estado de alarma fueron «los plazos reglamentarios» que afectaban a las iniciativas que entonces estaban en tramitación, así como los «plazos administrativos y de prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos» del Congreso.

Eso se hizo mediante un acuerdo de la Mesa de la Cámara con efectos desde el 14 de marzo. Un mes después, el 13 de abril, se levantó la suspensión de los plazos que afectaban a las iniciativas parlamentarias, mientras que la relativa a los plazos administrativos estuvo vigente hasta el 1 de junio. Éstos últimos afectan a asuntos como oposiciones, concursos, etc.

COMPARECENCIAS DE SÁNCHEZ E ILLA

En su escrito, el Congreso niega que, como sostiene Vox, esa suspensión de plazos supusiera la «paralización» de la actividad parlamentaria ni la «completa interrupción» de la misma. Admite que la suspensión de plazos sí afectó a la tramitación de iniciativas legislativas, en la medida en que se vieron afectados los plazos para la presentación de enmiendas, pero no así al control al Gobierno.

En concreto, subraya que el Pleno se reunió en tres ocasiones entre el 14 de marzo y el 13 de abril –con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez–, la Comisión de Sanidad otras tres –para escuchar las explicaciones del entonces ministro del ramo, Salvador Illa– y también hubo una reunión de la Comisión de Trabajo.

Asimismo, esgrime que la Mesa siguió calificando iniciativas de los grupos relativas al control y que se recibieron más de mil respuestas escritas por parte del Gobierno.

«Por tanto, no es cierto que se paralizara el control al Gobierno, precisamente en un momento extraordinario como el que se estaba atravesando. Todo lo contrario, se adoptaron por la Cámara todas las medidas posibles para permitir el ejercicio de las funciones parlamentarias siempre en términos compatibles con las recomendaciones adoptadas por las autoridades sanitarias», asevera el Congreso en sus alegaciones.

Además, recalca que «el Parlamento no se cerró, ni dejó de existir», sino que «continuó trabajando, adaptado, eso sí a las circunstancias extraordinarias derivadas de la declaración del estado de alarma».

El Congreso admite que la situación de excepcionalidad que produjo el estado de alarma le obligó a buscar fórmulas para preservar el derecho de los parlamentarios a ejercer su función teniendo en cuenta las restricciones de presencialidad –derivadas del confinamiento– y la necesidad de preservar la salud de diputados y personal de la Cámara.

Por eso sostiene que la suspensión de plazos estaba «justificada» y fue una medida «razonable y proporcionada» y que, en cualquier caso, la decisión de la Mesa no fue «autónoma o libre», sino que venía condicionada por las circunstancias.

La Cámara esgrime también que el Legislativo no podía «sustraerse al cumplimiento de las normas públicas generales vinculantes», es decir, las contenidas en el decreto del estado de alarma, y que, en cualquier caso, mantener una actividad similar a la de «tiempos de normalidad» habría supuesto un «ejercicio de irresponsabilidad» que habría contravenido el artículo 9 de la Constitución, al poner en riesgo la salud de quienes desarrollan su labor en el Congreso.

HASTA VOX SE AUTOCONFINÓ

De hecho, como prueba de la percepción del riesgo que tenía Vox, recuerda que sus diputados se pusieron voluntariamente en cuarenta el 10 de marzo tras conocerse que su secretario general, Javier Ortega Smith, estaba infectado, y solicitaron que se parara toda actividad en el Pleno y las comisiones hasta que tuvieran la certeza de que podían volver a la Cámara «sin riesgo alguno para la salud».

Además, el Congreso alega que otras instituciones adoptaron medidas similares de suspensión de plazos, como el propio Tribunal Constitucional, que, remarca «suspendió los plazos procesales y administrativos durante la vigencia el estado de alarma».