El Congreso prorroga cuatro meses la subcomisión encargada de la reforma electoral

Todo apunta a que sólo habrá consenso en torno al fin de voto rogado y la participación electoral de las personas con discapacidad

El Pleno del Congreso ha dado este jueves el visto bueno a la petición de la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar una posible reforma de la Ley Electoral de prorrogar cuatro meses su mandato para poder tener listo el informe correspondiente antes de fin de año.

Los trabajos de la subcomisión se iniciaron en abril de 2017 y desde entonces ha recibido media docena de comparecencias sobre asuntos como el voto electrónico, la participación electoral de personas con discapacidad o el voto desde el extranjero, pero aún no ha comenzado el debate de propuestas y recomendaciones.

LOS GRANDES CAMBIOS NO HAN ENCONTRADO ECO

Inicialmente se presentaron propuestas para rebajar a 16 años la mayoría de edad de voto, estudiar el fin de la Ley D Hont, propiciar la elección directa de alcaldes, acabar con las listas cerradas o desterrar la provincia como circunscripción, pero esas idea no cuentan con suficiente respaldo para sacar adelante una Ley Electoral, que exige mayoría absoluta, y además resta poco tiempo de legislatura.

Hace unos meses Ciudadanos abrió una ronda de contactos con los otros grandes partidos para abordar ejes troncales del sistema electoral, como las reglas del escrutinio (ley D Hont), la representatividad o la circunscripción, pero sólo encontró receptividad en Unidos Podemos, mientras que el PP y el PSOE mostraron otras prioridades.

Casi un año y medio después de su creación, miembros de la subcomisión admiten que los objetivos de la reforma serán limitados por falta de consenso y que se circunscribirán a asuntos como el fin del voto rogado o la participación electoral de personas con discapacidad, en los que hay cierto acuerdo entre los grupos.

El voto rogado, que se puso en marcha en 2011, obliga a los españoles residentes en el extranjero a solicitar previamente el voto en cada convocatoria de generales y autonómicas, una modificación que hizo caer en picado la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).

Su supresión es demandada por quienes no suscribieron aquella reforma (IU, Unidos Podemos, Ciudadanos y CC), pero también por casi todos sus firmantes, especialmente el PSOE, el PDeCAT (la antigua Convergència) e incluso el PP (sobre todo organizaciones territoriales como la gallega).

EL GOBIERNO QUIERE ACABAR CON EL VOTO ROGADO

Tanto el ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, como el propio presidente Pedro Sánchez han hablado de la necesidad de suprimir el voto rogado para fomentar la participación electoral de los residentes en el extranjero.

Ahora bien, aunque hay consenso para acabar con ese sistema, aún no hay coincidencias sobre qué modelo debe adoptarse en su lugar, sabiendo que no puede volverse a la legislación previa, que estaba permanentemente cuestionada por denuncias de fraude.

También hay coincidencias entre los grupos en relación con la necesidad de garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, un asunto que la Asamblea de Madrid plasmó en una proposición de ley de reforma puntual de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que el Congreso ya tomó en consideración y que se encuentra en estos momentos en fase de ponencia.

EL VOTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD IRÁ RÁPIDO

Por tanto, esta reforma puede llegar a ver la luz antes que la subcomisión electoral concluya sus recomendaciones ya que, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la redacción del informe de ponencia de esa reforma puntual de la LOREG y la aprobación del correspondiente dictamen en la Comisión Constitucional a priori no se prolongará más allá de octubre.

En concreto, la proposición plantea modificar los puntos de la LOREG que prohíben votar a «los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio» y «los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio». Según los datos que manejan los grupos, en España hay más de 96.000 sentencias de este tipo en vigor.