El Congreso pone en marcha la subcomisión de Salud Mental: médicos, psiquiatras y psicólogos piden cambios legislativos
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha puesto en marcha este miércoles la Subcomisión de Salud mental durante en la que han intervenido representantes de médicos, psiquiatras y psicólogos con sus peticiones para esta subcomisión, coincidiendo en la necesidad de que se realicen cambios legislativos para mejorar la atención en salud mental y reducir así las tasas de suicidio, así como aumentar el número de psicólogos clínicos para descongestionar el sistema.
«Necesitamos son más profesionales. Necesitamos más profesionales para reducir la sobrecarga que hay en Atención Primaria, pero también para atender a los problemas de salud mental. Ahí hacen falta no solo más psiquiatras, realmente lo que faltan son más psicólogos clínicos y más detenidos», ha declarado el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor Tomás Cobo, durante su intervención.
Así, el doctor Cobo ha señalado que es «una buena noticia» que se haya creado esta subcomisión de salud mental, al tiempo que ha incidido en la necesidad de llevar a cabo acciones como: «el desarrollo de planes de actuación coordinado entre las administraciones, el abordaje amplio con una mirada de salud pública que plantea intervenciones no solo sanitarias, fomentar la inclusión social y desde el sistema sanitario facilitar la accesibilidad y seguimiento».
Además, ha recalcado que «es imprescindible contar con más financiación, dotar a los profesionales sanitarios de mayor autonomía e incluir en la toma de decisiones a los profesionales y a los pacientes».
En este sentido, el vocal de la Junta de Gobierno y adjunto a la presidencia del Consejo Oficial de Psicólogos, Fernando Chacón Fuertes, ha apostado por la «acción política» cambiando las normas y leyes ya que «tienen un papel fundamental para intentar paliar todos los factores situacionales para evitar todos esos acontecimientos estresantes». «No hay nada que modifique el comportamiento más que el Boletín Oficial del Estado», ha sentenciado en su intervención.
Entre sus propuestas también se incluyen programas de prevención primaria o comunitaria que fortalezcan las competencias y recursos que prevengan la aparición de acontecimientos vitales estresantes, sobre todo centrados en el ámbito escolar ya que «en España no hay psicólogos educativos en los centros escolares, solo hay orientadores educativos». «Estos programas deberían incluir habilidades de afrontamiento de estrés, resolución de problemas y conflictos, así como habilidades de escucha y empatía», ha explicado.
Asimismo, Chacón Fuentes ha indicado que «habría que realizar estudios epidemiológicos para obtener información sobre cuáles son los determinantes de salud mental más importantes», e «intensificar la atención psicológica en ámbitos no sanitarios, tanto centros residenciales como servicios sociales y centros educativos, sin olvidar las empresas».
«Es importante también promover que dentro de las empresas haya programas de bienestar emocional de los empleados, porque esos son los tres contextos donde está dando servicios sociales, educación o trabajo, básicamente. Hay que modificar el modelo de atención psicológica, especialmente para los trastornos de menor complejidad, incrementando la prestación de la psicoterapia, incrementando el número de especialistas en psicología clínica, incorporando la atención psicológica a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud en Atención Primaria, etc», ha concluido.
En este contexto, el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, Manuel Martín Carrasco, ha recalcado que, actualmente, «el gasto sanitario en los trastornos mentales es menor que la carga que estos producen en el sistema».
«La carga global de enfermedad de los trastornos mentales se sitúa en torno al 12 por ciento de toda la carga de enfermedad, mientras que lo que se dedica a salud mental es menor», ha declarado.
Y, por otro lado, la presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, María Fuster Blay, ha abogado porque se realicen «cambios normativos referentes a la coerción». «Cuando hablamos de medidas coercitivas en salud mental nos estamos refiriendo a medidas que se llevan a cabo no teniendo en cuenta o sin tener en cuenta la voluntad, preferencias, deseos, lo que quiere una persona. Hablamos de medidas que limitan derechos fundamentales», ha señalado.
Así, ha explicado que, «muchas veces, los internamientos involuntarios, los tratamientos involuntarios, las contenciones, se llevan a cabo no porque los profesionales de la salud mental los quieran, sino porque no existen medios para poder trabajar de otra manera», por lo que ha solicitado elaborar «políticas legislativas que realmente se ajusten a los derechos humanos».
«Entender que ejercer coerción sobre una persona es cuidar para nosotros está muy lejos de lo que defendemos como asociación. Por un lado, entendemos que es urgente suprimir el artículo 763 de la ley de enjuiciamiento civil. Esto es algo que se ha quedado pendiente con la ley 8/2021, entre otras cuestiones porque ustedes saben que para regular las cuestiones de internamientos involuntarios o medidas coercitivas no es necesario llevarlo a cabo a través de una ley orgánica por los derechos a los que se está refiriendo», ha señalado la presidenta de la Asociación.
