El Congreso pide mejorar el control de los fondos reservados, pero lleva casi tres años sin pedir cuentas por su uso

Los vetos cruzados entre partidos han impedido crear la comisión parlamentaria donde los ministros deben comparecer cada seis meses

El Congreso ha aprovechado las conclusiones de la investigación sobre la operación Kitchen para pedir una mejora del control de los fondos reservados, pero la realidad es que la comisión parlamentaria encargada de vigilar su uso y de pedir cuentas al Gobierno lleva ya casi tres años sin reunirse pese a que la ley regula comparecencias de los ministros competentes cada seis meses.

La propuesta es una recomendación promovida por Unidas Podemos e incluida en el documento de conclusiones aprobado esta semana en la comisión parlamentaria que ha investigado la supuesta trama orquestada desde Interior para espiar a Luis Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar al dirigentes populares en casos de corrupción.

El texto salió adelante con los votos del PSOE, Unidas Podemos y Bildu, mientras que otros partidos como Esquerra Republicana (ERC), el PNV y la CUP se decantaron por la abstención, y el PP, Vox y Ciudadanos lo rechazaron.

En concreto, en las conclusiones se «estima oportuno una revisión en los procesos y procedimientos sobre el uso y control de los fondos reservados», aunque ya existe una ley específica y una comisión parlamentaria para desarrollar esa misión.

Se trata de la Comisión de control de los Gastos Reservados, que además de recibir informes periódicos sobre el uso de los fondos reservados que manejan Interior, Defensa y Exteriores, es la encargada de ejercer el control parlamentario que exige la ley sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La norma que regula los fondos reservados desde 1995 establece, en su artículo 7, que los créditos destinados a gastos reservados deben estar sujetos al control del Congreso, «a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales».

Y en esa comisión, prosigue, los titulares de los Ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados «informarán semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios», por supuesto en sesiones secretas. Es más, la ley añade que la comisión «podrá elaborar un informe para su remisión a los presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas».

SU ÚLTIMO REUNIÓN DATA DE MARZO DE 2019

No obstante, la Comisión de control de los Gastos Reservados, también conocida como comisión de secretos , sigue sin crearse dos años después de arrancar la legislatura, como tampoco se constituyó pn la anterior (la corta de 2019) por la convocatoria anticipada de elecciones.

De hecho, la última vez que esta comisión se reunió fue hace casi tres años, el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de que se disolvieran las Cortes Generales para dar paso a las fallidas elecciones generales del 28 de abril.

Aquel día el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, acudió a este órgano para detallar, a puerta cerrada, el destino de los gastos reservados que gestionaba su departamento. Lo propio habían hecho días antes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) para hablar de sus fondos reservados y, también, de los viajes del presidente Pedro Sánchez, los gastos en inteligencia o la conocida como operación Kitchen .

EL PARLAMENTO NO SABE CÓMO SE ESTÁ USANDO ESE DINERO PÚBLICO

Esto supone que durante casi tres años no se está ejerciendo el control parlamentario sobre las actividades del CNI, ni sobre el uso de los fondos reservados de los que dispone el Gobierno, un bloqueo que tiene su origen en los vetos cruzados entre los partidos que frena la posibilidad de un acuerdo de mínimos para elegir a los integrantes de la comisión.

Según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna.

Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet. Pero llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político continúa sin resultar propicio.

AYUDA PARA METER A PORTAVOCES INDEPENDENTISTAS

Así, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 149 y, si todos ellos se niegan, nadie puede llegar al mínimo de 210.

Tanto Vox como Ciudadanos ya adelantaron al inicio de la legislatura que no pensaban aportar ni un voto a los independentistas advirtiendo de que harían todo lo posible para que no entraran en esta suerte de club selecto con acceso a información reservada. Y el PP tampoco piensa apoyar que Bildu pueda acceder a los secretos de Estado, dados su antiguos vínculos con Batasuna.

Pero es que, visto del otro lado, tampoco el PP, Vox y Ciudadanos llegan a los 210 votos que se necesitan para formar parte de la comisión, por lo que necesitan la ayuda del PSOE y de Unidas Podemos, que recelan de la presencia de los de Santiago Abascal.

Con este ambiente, todo apunta a que la creación de esta comisión se dilate en el tiempo salvo que el PSOE y el PP quieran extender su acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales también a este ámbito y acabar así con esta anomalía de no haber puesto siquiera en marcha dicho órgano.

YA HUBO VETOS, PERO HABÍA COMISIÓN

Los precedentes no son muy positivos, pero en legislaturas anteriores, salvo en las cortas, al menos se llegaba a constituir la Comisión de Gastos reservados.

Así, en la legislatura del 2011-2015, el PP, que gozaba entonces de mayoría absoluta, se negó a permitir la entrada de los distintos candidatos que ERC fue poniendo encima de la mesa alegando que los independentistas catalanes podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición abertzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna, hoy en Bildu. «Con su pan se lo coman», fue la airada respuesta de la entonces diputada Teresa Jordà, la última aspirante rechazada.

Y en 2015 los populares se negaron a facilitar el relevo en el puesto que tenía CiU en la Mesa del Congreso y fueron aplazando semana tras semana la posibilidad de que se eligiera al convergente Jordi Xuclà para cubrir la vacante dejada por su compañero Jordi Jané al ser nombrado consejero de Interior de la Generalitat. Su entonces portavoz, Rafael Hernando, alegó que no tendría «mucho sentido» que optara a este puesto institucional en el Parlamento nacional alguien que se definiera como «independentista».