El Congreso, pendiente de la huelga de funcionarios de prisiones para decidir si mantiene la comparecencia de Crespo

El empresario Contreras Caro comunica que no puede acudir en la fecha prevista porque tiene un viaje fuera de España

La huelga de funcionarios de prisiones convocada para el próximo 13 de noviembre puede hacer peligrar la comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la caja b del PP del número dos de la trama Gürtel y ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, que fue condenado a 37 años y medio de prisión por la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo.

Las cuatro jornadas consecutivas de huelga convocadas por CSIF, CC.OO, UGT y Acaip finalizan justo el 13 de noviembre, una circunstancia que podría dificultar la salida de Crespo de la prisión de Valdemoro para acudir al Congreso.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, de momento el órgano que preside Pedro Quevedo ha decidido mantener la citación de Crespo para ese día, si bien está pendiente de si los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga para ver si finalmente tiene que fijar su comparecencia para otro día.

Crespo, mano derecha del cabecilla de la red, Francisco Correa, fue condenado por delitos de prevaricación, fraude a las Administraciones Públicas, cohecho activo, falsedad continuada en documento mercantil, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias por la primera etapa de la Gürtel y está procesado o investigado también por otras causas de corrupción como la relativa a la financiación del PP valenciano.

BUSCAR OTRA FECHA

La comisión también había citado para el 13 de noviembre al consejero delegado del Grupo Azvi, Manuel Contreras Caro, quien ha comunicado al Congreso que no podrá comparecer ese día porque tiene un viaje fuera de España. Por eso se ha anulado su citación y habrá que buscar otra fecha para interrogarle.

Contreras ya negó ante el juez Pablo Ruz haber realizado pagos al Partido Popular, aunque reconoció que su empresa patrocinó foros y actos a los que acudían líderes políticos.

Según la contabilidad del extesorero popular Manuel Contreras y su hermano Guillermo, corresponsable de la empresa habrían entregado al PP un total de 858.000 euros. Su empresa recibió entre 2002 y 2011 un total de 802 contratos con un volumen de adjudicación de 2.193,66 millones de euros, de los cuales 21 por un montante de 343 millones de euros correspondían a gobiernos populares , según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

MATAS Y TRILLO, EL 20-N

De momento, lo que se mantiene sin cambios es la previsión de que el 20 de noviembre se expliquen ante la comisión el expresidente del Congreso y exministro Federico Trillo y al también exministro y expresidente de Baleares Jaume Matas.

Trillo, que fue embajador en Londres hasta enero de 2017 cuando dimitió por el caso del accidente del Yak 42, dirigió la estrategia judicial del PP en el caso Gürtel , que llegó a definir como «un montaje organizado por la Policía de (Alfredo Pérez) Rubalcaba y la Fiscalía».

El exministro, citado en la investigación como supuesto receptor de sobresueldos en negro del partido, logró apartar de la instrucción al primer juez encargado del caso, Baltasar Garzón, que en 2012 fue condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricación y violación de garantías constitucionales por haber autorizado la grabación en la cárcel de las conversaciones de los principales implicados en la trama de corrupción con sus abogados.

Por su parte, el expresidente balear acumula hasta seis condenas por distintos casos de corrupción y está en la cárcel de Aranjuez (Madrid) desde el pasado mes de junio cumpliendo la condena de tres años y ocho meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por el caso Nóos . En 2015 ya había cumplido nueve meses de condena en la cárcel de Segovia por un delito de tráfico de influencias por una pieza del caso Palma Arena .

El exministro de José María Aznar tiene todavía pendiente un juicio en el que la Fiscalía reclama para él cuatro meses y medio de cárcel y 16 años de inhabilitación por la presunta manipulación del concurso público para adjudicar las obras de construcción del hospital de Son Espases en Palma.