El Congreso fija el 12 de marzo como tope para plantear comparecientes en las comisiones de investigación sobre Cataluña

ERC y Junts quieren interrogar a jueces e implicados en las cloacas que maniobraron contra los independentistas

Los grupos parlamentarios del Congreso tienen hasta el próximo 12 de marzo para registrar sus propuestas de comparecientes para las tres comisiones de investigación creadas este miércoles que se encargarán de abrir pesquisas, respectivamente, sobre la Operación Cataluña atribuida al Ministerio del Interior del primero Gobierno de Mariano Rajoy, el espionaje a los independentistas con el programa Pegasus , y los atentados yihadistas perpetrados en agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, esa es la fecha que ha fijado en las reuniones que han mantenido este jueves los miembros de las Mesas y los portavoces de estos tres órganos, cuyos trabajos coincidirán en el tiempo en la Cámara Baja.

En las relativas a la Operación Cataluña y el caso Pegasus el 12 de marzo también es la fecha tope para proponer los planes de trabajo que desee cada grupo pero, en el caso de la que investigará los atentados se ha decidido adelantar la presentación de las propuestas de planes de trabajo al 8 de marzo.

Y más adelante, se reunirán las comisiones para aprobar sus planes y concretar a qué personas se cita. Esa decisión se adoptará por mayoría, lo obliga a que los grupos se pongan de acuerdo.

Estas comisiones son fruto del acuerdo que el PSOE selló el pasado mes de agosto con ERC y Junts a cambio de lograr la mayoría en la Mesa de la Cámara. En los tres casos, los socialistas y Sumar tienen mayoría en las Mesas que dirigirán los trabajos de los comisionados.

EL PSOE, ABIERTO A LLAMAR A RAJOY

No es la primera vez que el Congreso investiga las maniobras de la llamada policía patriótica contra partidos políticos. Ahora lo volverá a hacer a instancias del PNV y Junts. En el pasado los grupos independentistas intentaron llamar a comparecer a Rajoy pero el PSOE se opuso. Sin embargo, el pasado mes de enero los socialistas se abrieron a interrogarle en esa nueva comisión.

En el acuerdo suscrito por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se habla de aprovechar estas investigaciones para profundizar en la amnistía a los independentistas encausados a lo largo de los diez últimos años. Los de Carles Puigdemont quieren que lo que decida el Congreso sirva para demostrar el supuesto lawfare o guerra judicial y así revisar otras causas que afectan a correligionarios.

Este jueves, tras constituirse la comisión, el diputado de Junts, Eduard Pujol ya avanzó, aunque sin concretar nombres, que el deseo de su grupo es que den «la cara» todos los que cometieron «atrocidades» para «cargarse a las fuerzas políticas independentistas». «Los jueces, determinados policías, las cloacas intentaron hacer política, hemos de saber quién lo hizo, por qué lo hicieron y cómo lo hicieron. Quien lo ha hecho, lo tiene que pagar», ha apostilló.

En la misma línea, la portavoz adjunta de ERC, Teresa Jordà, advirtió de que a su partido «no le va a temblar el pulso» a la hora de proponer comparecientes. «En esa lista vamos a poner todos aquellos que puedan aportar luz, sean jueces, políticos, abogados o quién sea», remarcó.

PEGASUS Y ATENTADOS DE 2017

Cuando se debatió la creación de la comisión relativa al caso Pegasus , el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, recordó que este asunto también afecta al PSOE, puesto que el supuesto espionaje a independentistas se hizo bajo su mandato y porque también se espió al presidente Sánchez y varios ministros. «Queremos saber quién pagó el programa Pegasus, hasta cuándo y aquí también entra el PSOE, háganselo mirar porque quizá también está pasando hoy en día», avisó.

La comisión dedicada a los atentados del 17 de agosto de 2017 la propusieron también Junts y PNV, ya que los de Carles Puigdemont, que presidía la Generalitat cuando actuaron los terroristas, se hacen eco de la teoría que en su día expuso el comisario José Manuel Villarejo acerca de una supuesta responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el hecho de que uno de los implicados había sido confidente.