El Congreso exculpa a los partidos de la caída de las cajas de ahorro y habla de errores «particulares»

Rechaza que «la influencia política» explique un mayor impacto de la crisis y cree que «a los bancos les salvó» su internacionalización

El informe aprobado este jueves en la comisión del Congreso que ha investigado la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro exculpa a los partidos políticos y a sus representantes de los problemas sufridos por las cajas de ahorro durante la crisis y achaca los casos de mala gestión a «decisiones erróneas» tomadas por «personas particulares o grupos de personas, independientemente de su profesión o filiación».

Asimismo, considera «desmentida la tesis sobre la influencia política como causa explicativa del mayor impacto de la crisis en las cajas de ahorro». «Las decisiones erróneas son tomadas por personas particulares o grupos de personas, independientemente de su profesión o filiación», subraya el informe.

Durante su exposición, el informe destaca que las «malas prácticas se dan de manera generalizada en todo el sector, incluyendo bancos y cajas» y que la crisis «afectó por igual a cajas y bancos», si bien, apostilla el texto, «la resolución de los problemas asociados no fue la misma en uno y otro caso».

«CAJAS Y BANCOS REALIZARON MALAS PRÁCTICAS»

El informe subraya que «la propensión al desarrollo de operativas que aumentaban el riesgo de entidades se daba de manera similar entre bancos y cajas de ahorro, por lo que la asunción de estas malas prácticas se relaciona más con la gobernanza de cada entidad particular que con su forma jurídica y titularidad».

«Las informaciones y datos contrastados muestran como buena parte de las entidades de crédito, tanto cajas de ahorros como bancos, realizaron malas prácticas en relación a la asunción indebida de riesgos, lo que estaría en la base de los problemas que después tuvieron y contagiaron a otros sectores», señala.

Entre los factores que explican el diferente impacto de la crisis, el Congreso señala las limitaciones de captación de capital por parte de las cajas, la concentración de su negocio en la financiación de familias y pymes –«supondría, a la larga, una mayor vulnerabilidad», concede–, y también destaca que los nuevos requerimientos que se fue aplicando «en muchos casos conduciría a la inviabilidad» de las cajas.

«Del fracaso de las cajas no cabe concluir el éxito de los bancos. A estos últimos les salvó su diversificación internacional, mientras que en España también experimentaron dificultades y ayudas puntuales», abunda el informe, que pone de ejemplo el creciente peso del negocio internacional en las dos mayores entidades, Banco Santander y BBVA.

QUE LA ADMINISTRACIÓN NOMBRE CONSEJEROS «NO ES NEGATIVO EN SÍ»

Respecto al modelo de gobernanza y gestión, el Congreso reconoce que la normativa por la que se regulaban las cajas «facilitó y estimuló un modelo de gobernanza en el que la presencia e influencia de los poderes públicos o partidarios (especialmente en los niveles autonómicos y locales) era algo generalizado». Sin embargo, el informe rechaza criticar el poder de las administraciones para poder nombrar a consejeros.

«Si bien la preparación y capacidad de los miembros de los órganos de gobierno puede resultar relevante para la buena marcha de las entidades (…) esta relación no implica que la potestad de determinadas instituciones públicas en el nombramiento directo de consejeros sea negativa de por sí, aunque lo fuera en casos concretos», subraya el texto. Una afirmación que, apostilla el informe, «viene a refutar la teoría de que el problema de las cajas era su politización».

INCENTIVOS QUE PROMOVÍAN «DECISIONES ERRÓNEAS»

La comisión sí que reconoce la existencia de «toda una serie de incentivos perversos que promueven la toma de decisiones erróneas por parte de algunas personas, que además tienen capacidad para imponer estos mismos de incentivos perversos».

Así, asegura que «lo que hay detrás de las malas praxis que se dieron en muchas entidades de crédito, tanto bancos como cajas de ahorro, son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares», y niega que la diferente titularidad de cajas respecto a los bancos haya sido «un factor determinante en su diferente exposición a la crisis».

En este sentido, atribuye las malas prácticas en el sector a la búsqueda de mejoras en la cuenta de resultados «de manera creciente y continuada» y al «establecimiento de sistemas de remuneración e incentivos ligados a la consecución de objetivos».

Una apuesta que, a juicio de la comisión, «promueve una visión cortoplacista de la gestión y un abandono de la toma en consideración de otros criterios relacionados con la asunción de riesgos, la ética o la propia sostenibilidad del sistema».