El Congreso duda que las actuales normas europeas puedan garantizar la estabilidad financiera

Denuncia una «falta total de transparencia e información» de las instituciones comunitarias en la resolución del Popular

La comisión que ha investigado en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro considera que existen «muchas dudas» en el actual modelo europeo de supervisión, regulación y resolución de entidades para «garantizar la estabilidad del sector en su conjunto».

Así consta en el informe aprobado este jueves por la comisión, que manifiesta la existencia de «toda una serie de carencias y disfuncionalidades» en torno al nuevo marco institucional desarrollado tras el estallido de la crisis financiera.

«Se detectan toda una serie de carencias y disfuncionalidades que provocan muchas dudas sobre la validez del nuevo modelo como herramienta para la solución de los problemas a afrontar en relación con la regulación, supervisión y resolución de entidades financieras, así como para garantizar la estabilidad del sector en su conjunto», reza el informe.

Entre sus recomendaciones, el Congreso ve necesario actuar sobre los actuales mecanismos de intervención en entidades en dificultades, con el fin de «mejorar la provisión de liquidez», con el fin de «permitir una mejor gestión de la etapa final de los bancos intervenidos», e intensificar los recursos de estos fondos.

SE NECESITA UN FONDO DE GARANTÍA EUROPEO

En este sentido, cree necesario «dotar de una mayor potencia de fondos» al actual Mecanismo de Resolución para garantizar la eficiencia de estas actuaciones de último recurso.

El Congreso también reafirma la necesidad de contar con un Fondo de Garantía de Depósitos «para que la Unión Bancaria sea una realidad», aunque también eliminando «los activos heredados o dañados en etapas anteriores y momentos de crisis, en procesos de cancelación de deuda o impagos».

«Es imprescindible que los depósitos estén protegidos a nivel europeo, para poder romper el círculo vicioso entre el riesgo soberano y el bancario, que se ha visto que puede ser letal para los sistemas bancarios, las economías y para el propio euro», argumenta la comisión en su informe, que considera que «sin un fondo de garantía común», existen «riesgos evidentes de fragmentación de mercado».

Los grupos creen que pese a que «políticamente es un tema complejo» al tratarse de una mutualización de riesgos, «técnicamente es una condición necesaria» para poder «hablar con propiedad de una Unión Bancaria Europea».

EL CASO DEL POPULAR

Por otro lado, la comisión también incluye en su informe críticas ya recogidas durante su trabajo a la rendición de cuentas de las instituciones comunitarias en lo referido a la resolución del Banco Popular, cuya venta al Banco Santander por un euro en junio de 2017 fue decidida por la Junta Única de Resolución.

«La Comisión tuvo oportunidad de comprobar que el tono general alrededor de la resolución, la motivación de su inicio, su proceso, la decisión y el período posterior han estado regidos por una falta total de transparencia e información», critica en su informe.

Así, lamenta la falta de respuesta ante «ciertas preguntas concretas» a ciertos comparecientes, incluido el Banco de España, el FROB o la propia presidenta del organismo encargado de su resolución, Elke König, que «también se negó a dar una respuesta clara de por qué aún no se han publicado las versiones completas de todos los documentos subyacentes de la resolución».

«Al tratarse de un tema de interés público, el principio de transparencia debería primar, para dar respuesta a la aún incomprensible resolución de la sexta entidad financiera más grande de España de la noche a la mañana», subraya el informe.

La comisión también incide en que «la propia ausencia de información» ha impedido «constata si existió en su momento algún mecanismo alternativo o solución privada que hubiera podido evitar la resolución, tal y como prevé el mecanismo europeo de resolución». «En el mejor de los casos debe afirmarse que no ha quedado claro si las autoridades competentes analizaron estas alternativas privadas», sentencia.