El Congreso deja pendiente de decisión el alcance de la retroactividad en la reforma hipotecaria

La comisión por cancelación anticipada de las hipotecas a tipo fijo será mayor que en las de tipo variable

Los grupos del Congreso han decidido darse tiempo para determinar el alcance de la retroactividad de la nueva ley de crédito inmobiliario, ante la falta de consenso que ha generado la última propuesta llevada por el PSOE este martes a la ponencia de esta ley.

Según han informado varias fuentes presentes en esta reunión, los grupos han decidido discutir esta cuestión en próximos días, bien a puerta cerrada en una nueva sesión de ponencia, o ya públicamente en comisión en caso de que se acuerde cerrar la ponencia este mismo martes.

Estas fuentes han señalado que la redacción presentada por el PSOE no daba garantías de que pudieran activarse procedimientos de ejecución hipotecaria, paralizados en estos momentos a la espera de resolverse cuestiones de prejudicialidad ante la Justicia comunitaria por una posible abusividad de cláusulas recogidas en los contratos.

Antes de la reunión, el portavoz de Unidos Podemos en la ponencia, Rafa Mayoral, advertía que no sólo existía un riesgo de sanción europea a España por el retraso en la trasposición de la directiva –arrastra una demora de dos años ya–, «sino también por incumplir de manera sistemática sus sentencias».

«De momento, hay muchas cosas en esta ley que van en contra de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», ha apostillado Mayoral, quien reclama que expresamente se garantice el cumplimiento de la jurisprudencia europea.

Por su parte, su homólogo en el PSOE, Gonzalo Palacín, garantiza que el Gobierno busca una redacción que sirva para garantizar la reforma no desencadene la activación de procedimientos de ejecución pendientes de resolución, por lo que espera reflejarlo en la ley.

MÁS DIFERENCIA EN LAS AMORTIZACIONES DE TIPO FIJO Y VARIABLE

Palacín también ha informado a los medios, a la entrada de la reunión de la ponencia, que busca una mayor diferenciación en las comisiones por amortización anticipada, según se traten de hipotecas a tipo fijo o variable, que serían más caras en el caso de las primeras.

Una diferenciación que ya distinguía el proyecto llevado a la Cámara Baja por Luis de Guindos, ya que si en los préstamos de tipo variable se contemplaba eliminarlas a partir del quinto o tercer año de vigencia de contrato, con un límite de 0,25% o 0,50% de lo amortizado respectivamente, en el caso de tratarse de hipotecas a tipo fijo la comisión sería del 4% si la amortización es en los diez primeros años y del 3% a partir de entonces.

«Queremos diferenciar bien las comisiones por reembolso anticipado en operaciones a tipo fijo, porque entendemos que tiene que ser un vehículo hacia donde vayan los propios consumidores», ha justificado Palacín, que aboga por «reducir» estas comisiones para préstamos a tipo variable.

«Para que las entidades puedan ofrecer operaciones a tipo fijo tiene que haber una estructura que garantice el tipo de interés y el cancelarlas anticipadamente tiene un coste para las entidades. Si eso no lo contemplamos, será muy difícil que las puedan ofrecer», ha apostado.

Ciudadanos ha apostado por «conseguir un equilibrio» entre los gastos adicionales que debe asumir el consumidor y el precio de las hipotecas. «Aunque nos gustaría que no hubiera (gastos adicionales) entendemos que si no los hay, el banco va a subir el tipo de interés de las hipotecas», ha dicho su diputado Rodrigo Gómez García.

COBRAR POR AMORTIZAR ANTICIPADAMENTE ES DESINCENTIVARLO

Por su parte, Rafa Mayoral (Podemos) ha rechazado que pueda haber «una comisión que no tenga un servicio a cambio». «Cobrar comisiones sin prestar servicios es meterle la mano en el bolsillo a la gente, y amortizar un préstamo lo único que hace es dar seguridad al tráfico jurídico y sistema financiero de nuestro país», ha dicho.

Por ello, cree necesario «fomentar que la gente pueda amortizar sus préstamos», algo que una comisión «no ayuda a amortizar». «Lo que se está haciendo es desincentivar que la gente las haga, a favor de unos intereses que ni tan siquiera son los de las entidades financieras, sino fundamentalmente de los fondos de inversión», ha apostillado.