El Congreso deja para enero el debate de las propuestas de los grupos para mejorar la independencia de los reguladores

Los socialistas quieren unificar la elección de los responsables de estos órganos con un concurso público y mayoría reforzada del Congreso

Los grupos del Congreso han acordado finalmente dejar para el próximo mes de enero la discusión de las propuestas para reforzar la independencia e imparcialidad de los organismos reguladores que habrán de plasmarse en el documento de recomendaciones que se encargó a la Comisión de Calidad Democrática hace un año.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la subcomisión que debe redactar ese documento ha quedado constituida este miércoles, pero los grupos han acordado empezar a trabajar sobre las recetas de cada uno ya después de Navidad.

Dado que enero es inhábil a efectos parlamentarios, la comisión que preside Íñigo Errejón habrá de solicitar autorización a la Mesa del Congreso para poder reunir a la subcomisión durante el primer mes del año que viene.

El pasado 1 de diciembre, la comisión acordó, entre críticas del PP, Vox y Ciudadanos, tomar como base para la discusión el texto redactado por el PSOE y Más País, borrador que fue apoyado por Unidas Podemos y ERC.

Por ahora los grupos sólo han presentado enmiendas a la primera parte de ese documento, la más técnica. Esas serán las que se empiecen a discutir en enero y, a partir de ahí, se irá enmendando el resto del informe hasta consensuar un texto de manera mayoritaria.

SIETE ORGANISMOS

Las propuestas que defienden el PSOE y Más País afectarían un total de siete administraciones independientes: Agencia de Protección de Datos, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

El documentos suscrito por estos dos partidos destaca que quedaría fuera el Banco de España. Pero, mientras que el PSOE ha presentado una enmienda para destacar la singularidad de la naturaleza jurídica de esta institución, Más País lo ha hecho para apostar por no limitar las recomendaciones que se aprueben a las siete administraciones independientes citadas, sino que éstas se puedan extender a otros organismos de este tipo.

Por su parte, el PP ha presentado enmiendas para frenar la «potente deriva totalitaria» que dice apreciar en el borrador de PSOE y Más País, a los que acusa de negar la «legitimación democrática» de estos organismos cuya continuidad considera amenazada.

El documento redactado por el PSOE y Más País, al que ha tenido acceso Europa Press, apuesta por unificar el método de selección de los máximos responsable de las administraciones independientes.

En concreto, abogan elegirlos mediante un procedimiento idéntico que arrancaría con la publicación de una convocatoria pública por parte del Gobierno. Los firmantes del documento quieren que siga siendo el Ejecutivo quien proponga a los candidatos a las Cortes, pero reforzando el papel de las Cámaras tanto en la elección de los máximos responsables como en su control posterior.

MAYOR CONTROL DEL CONGRESO

En este contexto, plantean crear un órgano similar a la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, pero «reforzada». «Tendría, precisamente por estar focalizada en esta función, más posibilidades de realizar hearings (comparecencias) más parecidos a los que se desarrollan en otros sistemas democráticos, como Estados Unidos, donde se produce una seria y exhaustiva investigación sobre el perfil profesional de las personas propuestas, lo que redundaría en una clara mejora del sistema de selección», reza el documento.

Además, defienden que para aprobar el informe de idoneidad se «exija mayoría cualificada» y que éste no pueda salir adelante «en ningún caso» con «el voto afirmativo de un único grupo parlamentario».

Esta Comisión de Nombramientos debería tener entre sus tareas controlar a los órganos reguladores y autoridades independientes con más intensidad que en la actualidad, aumentando el régimen de comparecencias, que ahora generalmente está fijado en una al año, y haciéndolas más dinámicas para facilitar la obtención de respuestas, siguiendo el modelo anglosajón.

También correspondería a esta comisión la elaboración de códigos éticos que obliguen a sus máximos responsables e incluyan un régimen de infracciones y sanciones si se incumple, así como la función de actuar para detectar posibles incompatibilidades.

MANDATOS DE SEIS AÑOS

Asimismo, abogan por homogeneizar la normativa sobre la duración de mandatos en todas estas entidades, de manera que no coincidan con las legislaturas para reforzar así la independencia de sus responsable. En concreto, sugieren mandatos de seis años, una cifra que sobrepasa la legislatura política y que permite «trazar objetivo a medio plazo» logrando una gestión «más eficaz».

Estas formaciones también sugieren la conveniencia de dotar suficientemente en los Presupuestos a estas entidades, así como la posibilidad de ampliar su autonomía financiera, de manera que, aunque sigan dependiendo de las cuentas públicas, puedan decidir pequeñas modificaciones presupuestarias sin tener que consultar todo con Hacienda.

Respecto a los salarios, piden evitar discriminaciones entre el personal de las administraciones independientes y el de la Administración General del Estado y entre las propias autoridades entre sí, y abogan por que el grueso de su personal sean funcionarios y las plantillas estén bien dotadas.

Sobre el control judicial, estos partidos consideran «ineludible» que todos los acuerdos adoptados por las administraciones independientes puedan ser revisados por la jurisdicción contencioso-administrativa igual que ocurre con las de la Administración General del Estado, y que algunos de ellos dejen de ser «recurribles en vía administrativa ante el ministerio del que dependan».