El Congreso debe decidir esta semana si prorroga la comisión sobre mascarillas, cuya continuidad está en el aire
Si no logra más plazo para seguir trabajando tendrá que presentar sus conclusiones a más tardar el 2 de octubre
El Congreso debe decidir esta semana si da más tiempo para trabajar a la comisión que investiga la compra de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la pandemia de Covid-19, pues su mandato está a punto de caducar y su continuidad está en el aire.
Esta comisión, impulsada por el PSOE tras el estallido de conocido como caso Koldo , se creó el pasado 4 de abril y tiene de plazo para presentar sus conclusiones el próximo 2 de octubre. Se trata de una fecha prorrogable y por eso la comisión se convocó para el pasado martes con el debate sobre la solicitud de una prórroga en su orden del día.
Sin embargo, esa reunión se desconvocó unos 20 minutos antes de su inicio, cuando Coalición Canaria, que tiene la representación de todo el Grupo Mixto en este órgano, comunicó al PSOE que iba a votar en contra de solicitar una ampliación del plazo para la aprobación de las conclusiones.
Las decisiones en el seno de la comisión se toman por voto ponderado, es decir, teniendo en cuenta el peso de cada grupo en el hemiciclo, lo que otorgaba a CC los ocho votos de todos los integrantes del Mixto. Si unía su no , al de PP y Vox, habrían sumado 178 –dos por encima de la mayoría absoluta– y se habrían impuesto a los partidarios de la prórroga.
Al día siguiente la diputada de CC, Cristina Valido, explicó públicamente que no pensaba apoyar la solicitud de ampliar el plazo porque su partido considera que la prioridad ahora debe ser «dedicar todo el tiempo a resolver el drama migratorio».
EL PSOE QUIERE INVESTIGAR AL ENTORNO DE FEIJÓO
Tras la desconvocatoria de la reunión de la comisión prevista para el martes, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, anunció que sería el PSOE el que solicitara la prórroga y justificó esta petición en la necesidad de que se les dé más tiempo para investigar la concesión de contratos por parte de la Xunta de Galicia a «empresas en las que hay familiares» del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
«Queremos requerir de la Xunta toda la información que tenga que ver con los contratos de Eulen, con la cuantía de esos contratos, con cuáles eran las otras ofertas, cuántos contratos menores hay sobre esta cuestión para, en base a esa información, actuar en consecuencia y adoptar las medidas que sean necesarias», explicó López.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, ahora el PSOE está barajando distintas fórmulas para intentar que la comisión no muera antes de lo previsto, pero ya asumen que es probable que no lo consigan.
Y es que la ampliación del plazo debe ser aprobada por el Pleno del Congreso y la única sesión plenaria prevista antes del 2 de octubre es la de la semana viene, cuyo orden del día ya está cerrado y para cambiarlo se requiere la unanimidad de la Junta de Portavoces, algo que el PP no concedería.
SÓLO HAY UN PLENO ANTES DE QUE ACABE EL PLAZO
Siempre existe la posibilidad de convocar un segunda sesión plenaria inmediatamente después de que concluya la del próximo jueves, 26 de septiembre, pero para ello la comisión debería haber aprobado la solicitud de la prórroga y ahí sigue el escollo de Coalición Canaria.
Una de las opciones que se han barajado en el PSOE es intentar convocar la comisión pero que en lugar de Valido acuda la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que es la suplente del Grupo Mixto, pero siempre que ella esté dispuesta a votar a favor de pedir la ampliación.
También se ha estudiado la posibilidad de que la prórroga se vote directamente en el Pleno, donde cada diputado del Mixto podría ejercer su voto sin intermediarios.
Además de los asuntos relativos a Galicia sobre los que el PSOE quiere poner el foco si la comisión puede continuar, este órgano tiene otros muchos asuntos por investigar. De hecho, tiene aprobadas 137 comparecencias y aún no ha citado ni al 25% de integrantes de esa lista.
KOLDO, ÁBALOS, AYUSO Y TELLADO, ENTRE LOS PENDIENTES
Por ejemplo, quedan pendientes los principales protagonistas del caso Koldo , incluidos el propio Koldo García ex asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y el ahora diputado del Grupo Mixto.
Pero también varios dirigentes del PP, como el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, porque su nombre aparece en el sumario de la investigación; el portavoz del PP en la comisión de investigación, Elías Bendodo, que fue consejero de la Junta de Andalucía en los meses de la pandemia.
En ese listado están igualmente pendientes de citación varios presidentes autonómicos populares además del gallego Alfonso Rueda, como son Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Murcia) o Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y varios de sus consejeros.
DEL CASO KOLDO AL CASO ALMERÍA
Entre abril y junio fueron citados a comparecer los responsables de instituciones que contrataron con la trama Koldo como el exministro de Sanidad y ahora presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.
También se ha interrogado ya a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su condición de exmandataria de Baleares, a su sucesora en ese puesto, la popular Marga Prohens, y al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que fue expresidente de Canarias durante la pandemia, además de algunos de sus consejeros.
Asimismo han tenido la oportunidad de exponer ante la Cámara las conclusiones de sus informes de fiscalización sobre contratos de emergencia tanto la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, así como algunos de sus homólogos autonómicos.
Pero no solo se ha hablado del caso Koldo , el conocido como caso mascarillas de la Diputación de Almería ha sido otro de los ejes principales en las comparecencias de estos dos meses. Entre los citados han estado el actual presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, o el que fuese su vicepresidente, Oscar Líria, que fue detenido por el presunto cobro de mordidas durante la pandemia.