El Congreso debatirá la próxima semana una ley para que Sareb ceda el 80% de sus inmuebles a alquiler social

El Congreso de los Diputados debatirá y votará una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) destine el 80% de sus inmuebles a alquiler social, con el objeto de crear un fondo social de vivienda.

Será el próximo martes, 11 de marzo, cuando la Cámara Baja decida si toma en consideración esta la ley auspiciada por Esquerra Republicana y que tiene por objeto garantizar el retorno social del rescate bancario, según consta en el borrador del orden del día del Pleno, recogido por Europa Press.

La crisis financiera llevó a una ambiciosa intervención del Estado para reestructurar la banca y asegurar la liquidez de las entidades bancarias y el sistema financiero a nivel estatal. Esto implicó un coste de más de 64.000 millones de euros, asumidos en parte por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

La iniciativa denuncia que pese a que el Estado actuó con diligencia y rapidez para rescatar a la banca, no se produjo un rescate de la ciudadanía, que sufrió las consecuencias de las decisiones tomadas por los responsables de las entidades bancarias antes de la crisis y durante ella. «Se eximió de responsabilidades a los responsables de la crisis y no se hizo nada para reparar las consecuencias de su gestión que sufrían y sufren miles de personas», apostilla la proposición de ley.

En este contexto, la ley recoge algunas de las propuestas emitidas por el defensor del pueblo catalán (síndic de greuges) para corregir la «grave deficiencia» que se produjo en el rescate bancario, garantizando un retorno social que sirva para ayudar a cubrir las necesidades urgentes de la ciudadanía en materia de vivienda.

La principal propuesta pasar por que la Sareb destine parte de sus viviendas al alquiler social y se cree un parque de vivienda social que permita dar respuesta a la «grave situación de emergencia residencial de los últimos años». También se plantea que la sociedad ceda el 50% de sus terrenos urbanizables.

Asimismo, la ley tiene por objeto reformar la ley de estabilidad presupuestaria para que las administraciones en materia de vivienda, como los ayuntamientos, dediquen puedan dedicar el dinero de generado con el ahorro de deuda (superávit) a inversiones en vivienda y así puedan ejercer el derecho de tanteo y retracto en la transmisión de viviendas adquiridas en procesos de ejecución hipotecaria.