El Congreso debatirá la próxima semana la ley de PSOE y Junts para delegar a Cataluña la competencia de inmigración

Podemos se opone al texto y podría propiciar una nueva derrota parlamentaria del Gobierno

El Pleno del Congreso decidirá el próximo martes si toma en consideración la proposición de ley orgánica registrada por el PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.

Se trata de un acuerdo que socialistas y posconvergentes cerraron el pasado marzo después de que los de Carles Puigdemont retirasen su iniciativa en la que invitaban al presidente Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza.

La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado este martes incluir la ley para la delegación de las competencias de inmigración en el orden del día del Pleno del próximo martes y la posición de Podemos, será clave para la tramitación de un texto que rechazan PP y Vox.

El mismo día de su presentación la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, anunció su oposición a una iniciativa que considera «racista» y «anti inmigración». «No se hará con nuestros votos», ha venido repitiendo desde entonces.

Pese al riesgo de que no salga adelante, Junts ha decidido llevarla al próximo Pleno para no perder su cupo, puesto que no tenía otra proposición de ley, según confirmaron fuentes socialistas. De no salir adelante, sería un nuevo revés para el PSOE tras el rechazo al proyecto de ley para reducir la jornada laboral de la semana pasada.

OTRAS NOVEDADES DEL ACUERDO

La propuesta de PSOE y Junts también contempla que los Mossos d Esquadra cogestionen con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas, para lo cual la policía catalana estará en frontera y actuará para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, Cataluña, según el texto registrado, se configurará como «ventanilla única» en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español. También se incrementará el número de Mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.

El acuerdo también recoge que Cataluña ejerza la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos. Por ejemplo, instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devoluciones), y las que sí lo requieren se resolverán a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad catalana.

La Generalitat también determinará el contigente de trabajadores extranjeros en la contratación en origen, aplicará las previsiones de la legislación vigentes en materia lingüística, y serán los Mossos quienes ejerzan la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.

Por último, para que la cesión de competencias sea una realidad, el Estado transferirá «los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios» para que Cataluña las pueda ejercer. Solo de este modo la región podrá desarrollar «un modelo propio» con «una política integral», y «todas las fases de la relación de los inmigrantes» con las instituciones catalanas «tendrán una posición determinante» en la legislación europea y española.

LA CESIÓN SE HARÁ EN BASE AL ARTÍCULO 150.2 DE LA CONSTITUCIÓN

En la exposición de motivos del acuerdo, ambas partes justifican esta delegación de competencias esgrimiendo que Cataluña «ha sido siempre» un territorio con mucha población inmigrante, a la que «ha tenido la capacidad de integrar» en su modelo de «catalanidad». En concreto, recuerdan que el 18% de la población catalana es extranjera y que el 24% ha nacido fuera de Cataluña.

«La situación en Cataluña determina, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana, la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat de Cataluña y las entidades locales que la integran, como administraciones más cercanas a la población», se puede leer en el pacto firmado por PSOE y Junts.

La cesión se hará en base al artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas «facultades correspondientes a materia de titularidad estatal» que por su propia naturaleza «sean susceptibles de transferencia o delegación».

Con esta ley, según las partes firmantes, Cataluña «podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país» –incluida la integración lingüística– basada en «un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que es condición para la cohesión social y el progreso».