El Congreso debate sobre cerrar cuarteles pequeños y clarificar competencias para un nuevo modelo policial

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha continuado este miércoles con las comparecencias programadas en la comisión del Congreso encargada de estudiar un nuevo modelo policial, debatiendo sobre cuestiones como cerrar cuarteles pequeños, evitar el exceso de burocratización y unificar unidades que pongan fin a la «guerra de policías», tanto entre Guardia Civil y Policía Nacional como con el resto de autonómicas y locales.

«Aproximadamente 14.000 guardias civiles, es decir, un 20% de la plantilla total, se dedica exclusivamente a funciones de mando o tareas burocráticas, en detrimento del trabajo policial propiamente dicho», ha defendido el secretario general de AUGC, Alberto Moya. Como hiciera la semana pasada el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Ramón Cosío, ha defendido que el modelo policial está desfasado y urge reformarlo.

En su exposición, Alberto Moya ha ofrecido diferentes datos, por ejemplo que España cuenta con 250.000 agentes, ocupando el primer lugar en el ranking de policías por habitante de Europa. El ratio de policías en España es de 4,8 agentes por mil habitantes frente a 7,5 de Cataluña, una región con policía autonómica propia y que, pese a lo anterior, dispone de «datos de criminalidad que no son inferiores a los del resto del país».

AUGC propone reestructurar la implantación territorial de la Guardia Civil, pasando de las 2.700 unidades actuales a una «comarcalización» de las mismas, lo que se conseguiría «impulsando un enfoque geoestratégico de la seguridad» que requiere del uso de tecnologías como sensores, drones o del «trabajo funcional en red».

¿UNIFICAR POLICÍA Y GUARDIA CIVIL?

«El ámbito rural ha cambiado pero la Guardia Civil mantiene el mismo despliegue que tenía en el siglo XIX, lo que, en la práctica, deja a las unidades del Cuerpo de ámbito geográfico rural casi inservibles», ha defendido Moya.

El secretario general de AUGC ha sostenido que desde criterios de eficiencia policial, «no existen argumentos de peso para mantener un modelo dual» en el que convivan Guardia Civil y Policía Nacional. «La unificación supondría, de entrada, acabar con las llamadas guerras de policías que suponen un mayor empleo de recursos, sencillamente porque se subordina el objetivo de la seguridad a las exigencias corporativas de unos u otros», ha defendido.

Con este planteamiento de base, AUGC ha abogado por mejorar la relación entre los sistemas de Información. «Lo que tienen que ser comunes son las bases de datos; y su tratamiento y custodia, únicos», ha indicado, añadiendo que materias como el contraterrorismo debe ser competencia exclusiva de un solo Cuerpo de ámbito estatal.

Los grupos parlamentarios, especialmente el PP, han avisado de que la reorganización territorial no se puede llevar a cabo a costa de poner en riesgo la seguridad en los pueblos. También ha planteado que, antes que debatir sobre unificar a Policía y Guardia Civil, urge poner fin a «policías políticas» como los Mossos d Esquadra, en referencia al papel de la policía autonómica en lo relativo a la estrategia independentista.

EL PAPEL DEL CNI

AUGC ha insistido en su reclamación histórica de «desmilitarización» de la Guardia Civil si esto llevo aparejado peores condiciones sociolaborales. Al igual que el SUP la semana pasada, ha alertado de los suicidios y respaldado el acuerdo sobre equiparación salarial, además de pedir una adaptación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986, que es donde detectan que tiene su origen la «incorrecta distribución de competencias».

Ramón Cosío, portavoz del SUP, introdujo la semana pasada el debate sobre el papel del CNI, actualmente dependiente del Ministerio de Defensa, «ocupando el vacío generado como consecuencia de las disfunciones del modelo policial, condicionando los ámbitos colaborativos policiales e incidiendo negativamente en la eficacia de los cuerpos policiales en la lucha contra las grandes amenazas».

El SUP calificó de «imprescindible» que se busque la estabilidad de los profesionales al frente de los órganos de gobierno policiales, unos cargos que deben llevar a cabo su labor, en su opinión, «con independencia de los cambios que se produzcan en el ámbito político».