El Congreso debate hoy un cambio legal del PSOE para reconocer a funcionarios de prisiones como agentes de autoridad
El Congreso de los Diputados debatirá y votara este martes una proposición de ley del PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad, contemplando «resarcir económicamente» a quienes sufran daños en sus puestos de trabajo.
La propuesta del PSOE, recogida por Europa Press, plantea modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979 para reconocer, «a efectos legales», el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
En noviembre, PSOE y Unidas Podemos dieron a conocer una enmienda conjunta en el mismo sentido, pero dentro la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza por sus detractores, que sigue tramitándose en la Cámara baja.
RECLAMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS
Ese reconocimiento es una vieja reclamación en el sector, por lo que los sindicatos de prisiones lo acogieron positivamente, aunque recordando que siguen a la espera de la prometida ley de función pública sobre cuerpos.
El PSOE justifica la proposición de ley porque «dará seguridad jurídica al trabajo que realizan y evitará que se dicten decisiones judiciales dispares». También quiere dar a las manifestaciones o informes de los funcionarios «relevancia probatoria, excepto prueba en contra».
La propuesta cita la necesidad de atender a las «reclamaciones indemnizatorias» por los daños sufridos por los empleados públicos alservicio de la Administración Penitenciaria. Los representantes de los trabajadores se quejan habitualmente de las agresiones en las cárceles y piden más diligencia a la hora de ofrecerles el resarcimiento.
Los socialistas citan la posición a favor de la medida de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior en su informe de 11 de diciembre de 2018, «que en lo sustancial coincide con el Consejo de Estado».
De ahí que se proponga añadir un nuevo apartado al artículo 80, el número 5, que recoja una precisión dirigida a garantizar el principio de indemnidad «en toda su dimensión, para que este no quede en un plano meramente teórico, imponiendo a la Administración la obligación de resarcir a los funcionarios penitenciarios en los supuestos de daños materiales o personales sufridos como consecuencia del desempeño de su actividad profesional, siempre que no haya mediado dolo, negligencia o impericia grave».
El PSOE considera necesario introducir un nuevo apartado, además, estableciendo «ciertas garantías en los supuestos en los que los funcionarios y funcionarias penitenciarios sean ingresados en prisión, en el sentido de aseguramiento de su separación de otro tipo de internos e internas».
