El Congreso debate fijar una estrategia de Seguridad integrada por Defensa e Interior para garantizar la ciberseguridad
La Comisión Mixta de Seguridad Nacional debatirá este jueves una iniciativa propuesta por Vox que pide definir una nueva Estrategia de Seguridad Nacional integrada por Defensa, Interior e Inteligencia para garantizar la ciberseguridad en España, alegando que la actual, que data de 2022, es «insuficiente».
En el texto, recogido por Europa Press, Vox destaca que las ciberamenazas han evolucionado respecto a años anteriores, principalmente debido a la mejora técnica de los ciberataques, que dificultan su detección, y al alto nivel de persistencia de los atacantes, por lo que el riesgo de sufrir ciberincidentes, especialmente cibersabotajes, se ha incrementado «notablemente».
En 2022, el Centro Criptológico Nacional (CCN) gestionó en 2022 un total de 55.695 incidentes –el 58% de ellos calificados de riesgo alto o muy alto»–, el INCIBE 111.197 y el ESDF-CERT 2035. De estos, 75 incidentes tuvieron un riesgo crítico para la Seguridad Nacional, más del doble de la cifra que computó el CCN para el año 2019.
ORGANISMOS AUTONÓMICOS
Para Vox, estos datos demuestran que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2022, es «insuficiente» y destacan que la Ley de Seguridad Nacional establece la coordinación de las Administraciones Públicas ante las nuevas amenazas y riesgos a las que se enfrenta España. Pero, los de Santiago Abascal lamentan «la plétora de organismos de ámbito autonómico» que operan en este sentido y «debilitan el principio de «unidad de acción» previsto en la legislación vigente.
Así, la proposición no de ley de Vox pide al Congreso que inste al Gobierno a definir una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que integre a los Ministerios de Defensa e Interior e Inteligencia con el objetivo de prevenir y evitar eficazmente cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales, las infraestructuras críticas, ciberseguridad y soberanía de datos, soberanía industrial y energética y recursos naturales, así como la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones.
Además, reclaman impulsar todas las modificaciones legislativas necesarias para mejorar y garantizar la ciberseguridad nacional frente a cualquier ataque contra los intereses de España y promover en el seno de la Unión Europea (UE) la adopción de medidas destinadas a reforzar la ciberseguridad de las redes e instituciones públicas de los Estados miembros frente a posibles ataques cibernéticos efectuados por parte de potencias o actores extranjeros.
