El Congreso de Perú aprueba el retiro de pensiones públicas entre amenazas de inconstitucionalidad del Gobierno
El Congreso de Perú ha aprobado este miércoles por insistencia un dictamen que establece un régimen especial que permite retirar fondos de pensiones del sistema público, mientras que el Gobierno ha manifestado que llevará la medida ante el Tribunal Constitucional.
Con 87 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones, esta medida permite la devolución de aportes a los afiliados a la Oficina de Normalización Provisional (ONP) de hasta 4.300 soles (unos 980 euros) a los afiliados activos e inactivos del sistema de pensiones y del 100 por cien de aportes para quienes a sus 65 años o más no hayan cumplido los requisitos para obtener una pensión.
También establece una bonificación extraordinaria de 930 soles (212 euros) para los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones, al que están afiliados unos 4,7 millones de peruanos.
Hace un mes, el Congreso peruano ya aprobó la devolución de los aportes al sistema privado de pensiones, a cargo de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y donde los afiliados tienen cuentas individuales. No obstante, el sistema público funciona con un mecanismo de reparto, en el que los trabajadores aportan a un fondo común del cual se pagan las pensiones.
Una medida contra la que el Ejecutivo ha mostrado objeciones por el alto costo que supondría a las arcas públicas, en concreto de 15.956 millones de soles (más de 3.600 millones de euros), según informa El Comercio , y porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto público y, al no existir un «fondo» de la ONP, el dinero de la devolución tendría que destinarse del Tesoro público.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo peruana también se ha mostrado en contra de la aprobación de este decreto, ya que asegura dejará a miles de personas mayores sin acceso a las pensiones o al Seguro Social de Salud (EsSalud).
«El proyecto resulta abiertamente inconstitucional, pues vulnera el deber del Estado de garantizar el acceso de toda persona al derecho fundamental a una pensión, así como la garantía de intangibilidad institucional de los fondos y reservas de la seguridad social», ha explicado a través de un comunicado.
