El Congreso da otro paso en el trámite exprés de la supresión del delito de sedición para aprobarla la semana que viene

Las enmiendas parciales, que deben registrarse el viernes, se discutirán el lunes en ponencia y el martes en la Comisión de Justicia

El Congreso ha dado un nuevo paso en la tramitación exprés de la supresión del delito de sedición, con intención de que la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos quede aprobada la próxima semana en la Comisión de Justicia y, previsiblemente, también en el Pleno.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa de la Comisión de Justicia, donde el PSOE, Unidas Podemos y ERC suman tres votos frente a los dos que tiene el PP, ha decidido convocar el próximo lunes, día 12, la ponencia para discutir las enmiendas parciales que los grupos deben registrar a más tardar este viernes.

Además, se ha acordado que, si el trabajo en ponencia finaliza el lunes, el martes a las nueve de la mañana se reúna la Comisión de Justicia para aprobar su dictamen. De cumplirse este calendario, la proposición de ley quedaría lista en comisión el martes por la mañana y ese mismo día la Junta de Portavoces podría poner fecha para que sea elevada al Pleno.

REQUIERE MAYORÍA ABSOLUTA

Al tratarse de una ley orgánica, el dictamen de la comisión debe ser discutido en el Pleno, donde ha de obtener el apoyo de la mayoría absoluta antes de ser remitida al Senado para continuar allí su tramitación.

El orden del día del Pleno de la semana que viene ya está hecho y, para modificarlo se requiere una unanimidad imposible porque PP, Vox y Ciudadanos siempre se han opuesto a la supresión del delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes del procés . Así las cosas, podría optarse por convocar una segunda sesión plenaria una vez concluya la ya prevista para el próximo jueves.

Así se hizo ya el pasado 24 de noviembre para acoger el debate de toma en consideración de esta proposición de ley (en una sesión en la que se incluyeron también otros asuntos y que finalizó de madrugada) y también el 1 de diciembre, cuando se discutieron en un Pleno (éste sí específico para ello) las cinco enmiendas de totalidad con texto alternativo que presentaron PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP.

LISTA EN POCO MÁS DE UN MES

De cumplirse el calendario previsto la supresión del delito de sedición se habrá tramitado en poco más de un mes, pues fue registrada el pasado 11 de noviembre. Además, al tratarse de una proposición de ley de los dos grupos parlamentarios y no de un proyecto de ley del Gobierno de coalición no tuvo necesidad de contar con informes consultivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

La Mesa del Congreso le dio su visto bueno el 14 de noviembre y la envió al Gobierno para el trámite de dar su conformidad. El Ejecutivo cuenta con 30 días para ejercer su capacidad de veto ante iniciativas legislativas que considere que alteran su política presupuestaria, sea por merma de ingresos o por exceso de gastos.

Pero esta vez le sobraron 29 días para pronunciarse y apenas 24 horas después de que se le remitiese la proposición de ley desde la Mesa del Congreso, el Ejecutivo registró su escrito de conformidad para la tramitación.

Y eso que se trata de una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal, lo que los juristas llaman La Constitución en negativo , en la que no sólo se aborda el fin del delito de sedición, sino que también se trasponen directivas europeas sobre contrabando de armas de doble uso e incluye una agravamiento de penas por ocultación de cadáver.

De su lado, el PSOE y Unidas Podemos pidieron que se tramitara por el procedimiento de urgencia, lo que implica acortar los plazos de enmiendas a la mitad. De hecho, el pasado 29 de noviembre los dos sumaron fuerzas en la Mesa del Congreso para acortar los plazos hasta el mínimo. Fijaron para ese mismo día la presentación de las enmiendas de totalidad que se debatieron dos días después y, una vez rechazadas éstas, se programó para este viernes la presentación de las parciales.

Todo ello siguiendo la hoja de ruta del Gobierno de coalición para que el fin del delito de secesión, el que sustentó las condenas de los líderes del proceso independentistas de 2017, se apruebe antes de fin de año y pueda esta en vigor lo antes posible.