El Congreso da luz verde a la reforma de la Ley del sector ferroviario para que Adif fije el canon ferroviario
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma de la Ley del sector ferroviario para otorgar a Adif la fijación de los cánones ferroviarios, después de haber aprobado todas las enmiendas introducidas al proyecto en el Senado.
La propuesta ya contó con un apoyo mayoritario en la Cámara Baja durante la tramitación en septiembre, cuando fue respaldada por PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, el PDeCAT, Teruel Existe, PRC y Foro Asturias.
Entre las enmiendas introducidas se incluye una para que los contratos de adquisición de material ferroviario destinado a servicios públicos se puedan someter a una actualización de precios en función de la inflación en determinados elementos necesarios para materializar dichos contratos.
La reforma permitirá la revisión de hasta un 20% del precio de licitación de los contratos de suministros de material ferroviario rodante y componentes de fabricación y mantenimiento para cubrir el encarecimiento de materias primas.
Esta revisión se extenderá a todo contrato con cualquier entidad del sector público en ejecución, licitación, adjudicación o formalización cuando entre en vigor la ley y cualquier contrato que se publique en la plataforma de contratación del sector público durante un plazo de un año a partir de la entrada en vigor, y se hará atendiendo al aumento de costes de las materias primas recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con la nueva ley, los cánones dejarán de ser fijados en Presupuestos, y pasarán a fijarse por Adif y para ello también se refuerza la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al añadirle una nueva función, según la cual deberá velar por que sus cánones cumplan el derecho comunitario y el citado principio de no discriminación.
Precisamente, otros de los cambios pactados en la norma pasan por aumentar las sanciones ante incumplimientos de resoluciones y requerimientos de información de la CNMC (hasta 300.000 euros y 100.000 euros, respectivamente), si bien no entrarán en vigor hasta que la competencia para fijar los citados cánones recaiga en Adif.
