El Congreso da luz verde a la ley de Sumar para nacionalizar saharauis, pese al no del PSOE

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de la ley impulsada por Sumar para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española con el único voto en contra del PSOE, que ya rechazó esta norma en 2023. A favor se han posicionado todos los grupos del hemiciclo a excepción de Vox, que ha optado por abstenerse.

Con esta iniciativa, el grupo plurinacional busca dar respuesta a la vinculación de España con la población saharaui concediendo la nacionalidad por carta de naturaleza para los sahararuis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, fórmula que se enmarca en lo dispuesto en el artículo 21 del Código Civil, y que tiene carácter graciable, es decir, que no está sujeta a las normas generales de procedimiento administrativo y el Ejecutivo la otorga discrecionalmente mediante real decreto tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales.

Para ello, se requerirán una serie de condiciones probatorias como aportar un DNI verificable por la Policía (aunque esté caducado), un certificado de inscripción en el censo para el referéndum sobre el Sáhara Occidental expedido por Naciones Unidas o uno de nacimiento expedido por autoridades saharauis de campos de refugiados en Tinduf y legalizado por la representación del Frente Polisario en España.

También servirá, según el texto que inicia ahora su recorrido parlamentario, aportar partidas de nacimiento o libros de familia expedidos por la administración española, así como otros documentos expedidos por la misma que recojan el nacimiento en el Sáhara Occidental antes de la citada fecha.

Como normal general, la adquisición de nacionalidad española exige la residencia en el país durante diez años de forma legal y continuada, aunque existen dos casos en el que este periodo se reduce. Por un lado, se pauta cinco años para los refugiados mientras que se acorta a dos para países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, por su especial vinculación a España y donde se reclama incluir a los sahararuis.

EL FRENTE POLISARIO NO REPRESENTA A UN ESTADO

Durante el debate de la iniciativa, que ha tenido lugar este martes en la Cámara Baja, el PSOE ha expresado su discrepancia a pesar de que el diputado socialista Sergio Gutiérrez ha reconocido que este asunto es un debate «complejo y sensible», y ha admitido que existe un «agravio comparativo» con el pueblo saharaui,

Los socialistas consideran que este asunto va más allá de los «lazos emocionales» porque se trata de un acto jurídico y no comparten el procedimiento propuesto por su socio de Gobierno, ya que no ve pertinente que una entidad privada como el Frente Polisario, no reconocida por Marruecos, certifique la documentación necesaria para la nacionalidad. A su juicio, un «buen punto de partida» sería la propuesta aprobada en el año 2016 para «equiparar el proceso del Sáhara al de Guinea Ecuatorial» en lo relativo a la obtención de la nacionalidad española.

Los encargados de defender el texto han sido los diputados de Sumar Tesh Sidi (Mas Madrid) y Enrique Santiago (IU), quienes han reivindicado la «deuda histórica» que tiene España con el pueblo saharaui y la «pequeña reparación» que supone esta norma tras el «daño causado» por entregar el Sáhara a Marruecos.

De hecho, Sidi, que es de origen saharaui, se ha dirigido a la bancada socialista para preguntar «qué le han hecho los saharauis al PSOE para que constantemente nos intenten borrar de la memoria histórica de este país». «Hoy tienen la oportunidad de hacer un ejercicio de memoria restaurativa», ha advertido.

NO SE ESCONDAN EN EL DEBATE JURÍDICO

De su parte, el diputado del PP Carmelo Barrio ha pedido a los socialistas que «no se escondan» detrás del argumentario jurídico porque este asunto es una cuestión política y esta propuesta permitiría, según ha dicho, dar salida a una cuestión «sin resolver». «No metan esta iniciativa en el congelador», ha reclamado.

Pero no solo el PP ha puesto el foco en la postura de los socialistas; en nombre de ERC ha tomado la palabra su diputado Jordi Salvador quien ha reivindicado que esta norma «no es un capricho» ni un «privilegio» sino que es un ejercicio para reconocer «algo obvio» y que «debe de terminar». «El Estado tiene que empezar a hacer las cosas bien y dejar de ser cómplice de la opresión sobre el pueblo saharaui, la nacionalidad es un derecho, no es un favor.», ha resumido.

El diputado de Bildu Jon Iñarritu se ha mostrado extrañado por el rechazo de los socialistas a esta cuestión porque considera que «es de lógica» y «va más allá del Sáhara» porque «es una restitución del derecho». También la diputada del PNV Maribel Vaquero ha criticado en su intervención el «abandono» del Estado hacia el pueblo saharaui, el cual a su juicio se ha hecho «más patente en los últimos años» y también la «injusticia» de esta situación.

Una línea muy similar a la de la diputada de Podemos Martina Velarde quien considera que desde el PSOE ponen «excusas» para seguir manteniendo las relaciones y la «complacencia» que tienen con Marruecos a pesar de que «sigan vulnerando los derechos fundamentales con total impunidad».

VOX OPTA POR LA ABSTENCIÓN

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha calificado esta cuestión como una «injusticia histórica» y por ello ha hecho un llamamiento a «abandonar la solidaridad de boquilla» y a dejar de «obviar» el Sáhara porque, a su juicio, «un Estado se hace respetar no solo cuando asume sus responsabilidades del presente, sino también cuando asume las responsabilidades de lo hecho en el pasado» y por ende, esto también es «memoria democrática».

El diputado del BNG Néstor Rego también considera que este texto como una manera de «reparar la ignominiosa traición» realizada por nuestro país al pueblo saharaui aunque cree que lo que habría que hacer es «reconocer la República Árabe Saharaui Democrática como Estado soberano e independiente». Mientras que el diputado de Junts Josep Pagès ha calificado la iniciativa como «justa» y desde su formación consideran que «debe tramitarse» pero creen que desde Sumar deberían haber presentado esto como proyecto de Ley ya que forman parte del Gobierno y porque cree que volverá a pasar lo mismo que en la legislatura pasada cuando la norma se quedó «en el congelador».

Tampoco Vox se ha posicionado en contra de la propuesta, a pesar de que el diputado José María Sánchez ha asegurado que la iniciativa impulsada por Sumar «plantea muchas dificultades» y genera «graves sospechas» al considerar que hay una intención de contribuir con la «política enloquecida de fronteras abiertas». Los de Santiago Abascal han preferido apostar por la abstención.