El Congreso confirma que ha enviado al Gobierno para su publicación en el BOE la ley que beneficia a etarras
El Congreso ha confirmado que ya ha enviado al Gobierno para su publicación en el BOE la ley que convalida penas de cárcel a presos de ETA, con lo que ya da prácticamente por cerrada la puerta a rectificar la decisión que adoptó la Mesa de la Cámara el pasado martes y que el PP ha recurrido.
Se trata de la ley que inicialmente fue aprobada por unanimidad en el Congreso y que sólo en su última fase parlamentaria en el Senado, tras una denuncia de la AVT quejándose de que la convalidación de penas también afectaba a presos de ETA, perdió el apoyo de PP y Vox y fue rechazada por el Pleno de la Cámara Alta.
El Senado, con la mayoría absoluta del PP y un informe de la Secretaría General, interpretó que ese rechazo por mayoría absoluta en la ultima votación debía interpretarse como un veto, pese a que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda de totalidad.
Al día siguiente, y tras un informe verbal de los letrados, la Mesa del Congreso, con la mayoría que forman PSOE y Sumar, decidió dar por aprobada esa ley y enviarla al Gobierno, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado todos los plazos para vetar la norma.
UN RECHAZO FUERA DE PLAZO NO ES UN VETO
Y este viernes se ha publicado ya en el Boletín de las Cortes Generales esa decisión de la Mesa del Congreso, subrayando que el Senado no comunicó su veto en los términos que exige la Constitución y que la votación de rechazo, producida fuera de plazo, «no puede considerarse un veto a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución y en la jurisprudencia constitucional».
En consecuencia, se informa de que la Presidencia de la Cámara que detenta Francina Armengol dará traslado del proyecto de ley a la Presidencia del Gobierno «a los efectos de que se someta, por el procedimiento habitual a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución», es decir, la firma por parte del Rey y la inmediata publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Con ello se aleja casi definitivamente la posibilidad de que la Mesa del Congreso rectifique su decisión del martes y que convoque un pleno para tratar el veto del Senado, que es lo que pedía el Grupo Popular en su recurso de reconsideración.
Para el PP, esa decisión, de la que «discrepa profundamente», es un «desatino jurídico» que «no se ajusta a Derecho» y «desprecia la voluntad mayoritariamente manifestada» del Senado, además de vulnerar el derecho de la participación política de sus diputados. El rechazo de este escrito de reconsideración puede ser prólogo de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
