El Congreso aprueba que la cúpula del PP, con aval de Cospedal y Rajoy, ordenó la Kitchen

Sólo el PP vota en contra de las conclusiones de la comisión kitchen, que apunta al uso de medios públicos para «obstruir» la labor judicial

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el voto en contra el PP y Foro Asturias, las conclusiones de la comisión de investigación sobre la operación Kitchen , que sostienen que la trama para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle pruebas que implicaran a dirigentes del partido en casos de corrupción se «ordenó» desde «la cúpula directiva» del PP, que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tenía conocimiento de la misma y que, de hecho, era la que «informaba» al presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.

Estas conclusiones, redactadas por el PSOE, ya fueron aprobadas en diciembre por la comisión tras un año de investigación parlamentaria. Entonces recabaron el apoyo de Unidas Podemos y EH Bildu y ahora han sumado también el de ERC y el de Cs. El partido naranja había rechazado las conclusiones en diciembre, como Vox, que en esta ocasión se ha abstenido, igual que el PNV.

El dictamen concluye que «la cúpula directiva del PP ordenó que se utilizaran efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero» y que «inculparan al PP sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años que gobernaban».

El documento, recogido por Europa Press, no habla expresamente de responsabilidades políticas por esta operación, aunque la considera probada y, de hecho, plantea que se desarrolló en tres sedes: la central del PP en la madrileña calle Génova, el Ministerio del Interior, y la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.

Resalta que se produjo «con el conocimiento» de Cospedal que «informaba» a Rajoy, que fue el ministro Jorge Fernández Díaz quien «encargó al secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo» y que el «epicentro» del mismo estaba en la DAO que dirigía Eugenio Pino.

Con el fin de «obstruir» las investigaciones judiciales y evitar que las pruebas contra el PP llegaran a la Justicia y la Policía Judicial, señala el texto, en esta trama se utilizaron «presuntamente fondos reservados y efectivos policiales de manera irregular».

El Congreso mantiene que, según las declaraciones de diversos comparecientes, se puede concluir «la implicación de los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior, (ministro, secretario de Estado de Seguridad y director general de la Policía), así como de la secretaria general del Partido Popular y de forma indiciaria del mismo Presidente del Gobierno».

NO SE CUMPLÍAN LOS PROTOCOLOS

También señala como otra «conclusión evidente» el «descontrol absoluto en el uso de los fondos» en Interior, así como la «ignorancia y exclusión de cualquier clase de seguimiento de las previsiones legales y de los protocolos establecidos».

Como ejemplo de esto último, denuncia la utilización de «catálogos, provisiones de plazas y medios personalesde forma arbitraria» por parte del director adjunto Operativo, Eugenio Pino, «con la complicidad de otros cargos policiales que ejecutaban estas órdenes ilegales».

Así, apunta a un «despilfarro de dinero público, detraído de las finalidades legalmente asignadas», y, encima, «en un momento de crisis donde los efectivos estaban congelados y los recursos materiales escaseaban».

El texto aboga también por revisar los procedimientos para el uso y control de los fondos reservados y para la concesión de condecoraciones en la Policía Nacional para dotarlos de una mayor «objetividad y transparencia» y deja constancia de que parte de la documentación que había solicitado la comisión para hacer su pesquisas no llegó nunca y otra lo hizo a destiempo, es decir, tarde.

«Con estas actuaciones, no sólo se realizaron operaciones irregulares, se frustró la recta administración de justicia, sino que también se provocaron daños de difícil o imposible reparación al crédito y buen nombre de la Policía Nacional en su prestigio, con afectación grave a sus recursos, estructura y funcionamiento», resaltan las conclusiones.

Aunque no han apoyado las conclusiones del PSOE, Ciudadanos y PNV sí han dado por probada la Kitchen y la responsabilidad política de los altos cargos de Interior y de Cospedal y Rajoy.

Este jueves se han votado también los votos particulares del resto de grupos, entre ellos el registrado por el grupo confederal junto con ERC, Bildu, Junts y la CUP, que se han presentado como «víctimas» de las cloacas del Estado.

ERC, según ha explicado Pilar Vallugera, ha apoyado las conclusiones para facilitar su aprobación pero, como otros portavoces, ha recordado al PSOE que las cloacas las estrenó el PP y que el excomisario José Manuel Villarejo también trabajó para Gobiernos socialistas. «Las cloacas no empezaron con el GAL y el último no ha sido el caso Kitchen por eso hay que reformar el sistema, para evitar que se reproduzcan», ha defendido Jon Iñarritu, de Bildu.

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha criticado que las conclusiones aprobadas sólo señalan al PP como si la corrupción fuera sólo de «manzana podrida» cuando, desde su punto de vista «está podrido todo el cesto» como demuestra que «la mayoría de partidos del régimen del 78» han incurrido en prácticas corruptas.

El diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés ha centrado sus críticas en el PP y ha retado a su líder, Pablo Casado, aclarar si se van a quedar o por fin van a salir de su sede nacional de la madrileña calle Génova 13, «pagada con dinero negro». A la misma dirección se ha referido el socialista Felipe Sicilia, quien ha llegado a decir que Pablo Casado sigue ocupando el despacho en que el «Rajoy cobraba los sobresueldos de la caja b del PP»

También ha presentado voto particular el PNV, cuyo diputadoMikel Legarda, ha señalado que, aunque comparten la «responsabilidad política» de los miembros del PP a los que se señala en las conclusiones, rechazan que en ellas se tomen como definitivos tanto «hechos» y como «responsabilidades» que aún no han sido dilucidado judicialmente.

VOTO PARTICULAR DEL PNV APROBADO

El PNV ha pactado con el PSOE parte de su voto particular para señalar la «responsabilidad in vigilando» o «vicaria» de Rajoy y Cospedal y dejar claro que esta trama policial no podría haberse montado sin consentimiento de Fernández Díaz y del ex director de la Policía Ignacio Cosidó.

Para Edmundo Bal (Cs), el texto del PSOE es «poco ambicioso» porque no recoge medidas para evitar que estos casos de corrupción sigan produciéndose y, una vez más, ha apelado al resto del hemiciclo para sellar un Pacto de Estado contra la corrupción.

En la misma línea, ha exigido medidas preventivas el diputado del PDeCAT Genís Boadella, mientras que Josep Pagès, de Junts, ha preguntado si Rajoy acudirá Andorra si es citado por la Justicia andorrana por el caso de la presunta extorsión a la Banca de Andorra o será un «fugado de la Justicia». «El PP va siempre muy justito de democracia y muy sobrado de corrupción», ha dicho Néstor Rego (BNG).

Macarena Olona, de Vox, ha denunciado que la investigación ha sido una «voladura controlada» y ha cargado contra el PSOE y Cs por señalar «responsables penales» desde el Congreso. Eso sí ha avisado al PP de que sus palabras serían «muy distintas» si las pronunciada con su toga de abogada del Estado.

El popular Luis Santamaría ha criticado también que se fijen responsabilidades que aún se están sub iudice y se afanado en vincular a Villarejo con el PSOE, con el ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y hasta con el actual director de Gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López. «Hoy se comete una de las grandes tropelías de la legislatura», ha clamado Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias.