El Congreso aprueba las recetas de PSOE, Unidas Podemos y socios sobre la elección de los órganos reguladores

Apuestan por que sus responsables los siga nombrando el Gobierno y la Cámara los ratifique por mayoría cualificada y al menos dos grupos

La Comisión de Calidad Democrática del Congreso ha aprobado definitivamente este miércoles sus recomendaciones para los órganos reguladores que ya avalaron en subcomisión PSOE, Unidas Podemos, Más País y EH Bildu. El informe ha salido adelante con el apoyo de estas formaciones, más ERC, mientras que PP, Vox, Ciudadanos y PNV han votado en contra y han visto decaer sus respectivos votos particulares.

Sí se ha incorporado al texto un voto particular del PSOE, Unidas Podemos y Más País con el que se elimina una de las propuestas aprobadas en la subcomisión: la que sugería la aprobación por parte de «representantes de la ciudadanía» de «mandatos marco» destinados a «orientar» la labor de los reguladores.

Según ha explicado la portavoz socialista, Elvira Ramón, se ha optado por suprimir ese punto a propuesta del letrado de la comisión. PP, Vox y Cs habían llegando a avisar de que ese punto, tal y como estaba planteado originalmente, podría entrar en colisión con el Derecho Comunitario. También se ha eliminado el párrafo en el que se abría la puerta a la remoción de los máximos responsables de estos organismos.

Los órganos afectados por estas recomendaciones son la Agencia de Protección de Datos (AEPD), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Los populares y Cs comparten los puntos del informe que abogan por incrementar el control del Congreso sobre las autoridades independientes, de modo que todos sus responsables deban comparecer antes de ser nombrados y después hacerlo con más frecuencia que ahora.

BANCO DE ESPAÑA, AL MARGEN A PRIORI

En principio, queda fuera de las recomendaciones el Banco de España. El informe resalta que el supervisor tiene su propia singularidad, pero se aprobó una enmienda de Más País que abría la puerta a que se le aplicaran también las recomendaciones de criterios y buenas prácticas que se plantean para los demás.

Pero el cambio más sustancial que sufrió el primer borrador en la subcomisión llegó de la mano del PSOE, que renunció a la principal propuesta que había puesto sobre la mesa para cambiar el método de elección de los máximos responsables de estas autoridades.

Inicialmente habían planteado unificar en una normativa general el sistema de elección, de modo que los responsables de todos los órganos surgieran de una convocatoria pública convocada por el Gobierno, como ya rige para la Agencia Española de Protección de Datos (AEPDE).

Sin embargo, el PSOE se autoenmendó y finalmente, tras un acuerdo con el PP, se suprimió del borrador esa unificación legislativa. La portavoz de ERC, María Carvalho, ha sido la única que ha denunciado ese giro durante su intervención de este miércoles.

Así, el Congreso apuesta por mantener el sistema vigente para cada una de estas entidades, de manera que siga siendo el Gobierno el que promueva a los candidatos. Pero también demanda que se afinen más los «requisitos específicos» que se exigen para cada puesto, detallando «los méritos concretos con los que deben contar los aspirantes».

Además, el texto aboga por «preservar la profesionalidad y excelencia técnica» de los nombramientos, que éstos no estén «basados en criterios partidistas» y que, tanto a la hora de proponer como de seleccionar candidaturas, se respete la paridad.

REFUERZO DEL EXAMEN ANTE LA COMISIÓN NOMBRAMIENTOS

Aunque la idea es que el Gobierno continúe proponiendo los candidatos, el informe defiende reforzar el papel del Congreso en el proceso para la elección de todos ellos. En concreto, con la creación de un órgano similar a la Comisión Consultiva de Nombramientos, pero «reforzada».

Asimismo, el texto recoge que la aprobación del informe de idoneidad de los candidatos se «exija mayoría cualificada» y que éste no pueda salir adelante «en ningún caso» con «el voto afirmativo de un único grupo parlamentario».

En la actualidad, con carácter general es la comisión parlamentaria del ramo correspondiente la que examina a los aspirantes. Además, esa nueva Comisión de Nombramientos debería poder investigar «seriamente» el perfil de los aspirantes y hacer un seguimiento de las labores de estos órganos con más comparecencias.

También correspondería a esta comisión la elaboración de códigos éticos que obliguen a sus máximos responsables, incluido un régimen de infracciones y sanciones, así como la detección de incompatibilidades. El texto también defiende que los mandatos en todas estas entidades no deben coincidir con las legislaturas y sugiere que sean de seis años.

NO SE TOCAN LAS INCOMPATIBILIDADES

Por otra parte, se apuesta por mantener el régimen de incompatibilidades que rige para de estos altos cargos: dedicación exclusiva, declaración exhaustiva de cualquier elemento que pueda generar conflicto de intereses y no poder ejercer en el sector sobre el que se han tomado decisiones los dos años posteriores al abandono del cargo.

El texto deja claro que la pertenencia a un partido político no puede ser causa de incompatibilidad y, aunque Cs y Vox intentaron limitar el acceso a los cargos orgánicos de partidos o a quienes hayan ejercido cargos de confianza en el ámbito público, no lo lograron.

Tampoco Unidas Podemos consiguió prohibir que recalen empresas del sector quienes antes lo regularon. Al final, sólo se contemplan medidas adicionales para aumentar las obligaciones de transparencia de las empresas que les contraten, de forma que informen de qué van a hacer y qué contratos tienen.

En el ámbito de la organización de estas entidades se defiende una dotación presupuestaria suficiente y que puedan ampliar su autonomía financiera, a través de pequeñas modificaciones presupuestarias sin tener que consultar todo con Hacienda. Respecto a los salarios, piden evitar discriminaciones entre el personal de estas entidades y el de la Administración General del Estado, y abogan por que el grueso de su personal sean funcionarios.

TIENEN QUE RENDIR CUENTAS

La socialista Elvira Ramón se ha defendido de las acusaciones de PP, Vox y Cs de que las recomendaciones buscan «intervenir» las autoridades independientes, recalcando que éstas deben responder ante las instituciones elegidas por los ciudadanos y que la elección de sus miembros debe basarse en un sistema en el que intervengan el Gobierno y el Congreso.

«Nosotros respetamos la posición de todos, respeten ustedes las nuestra; discrepen si quieren pero sin caer en la hipérbole ¿No es eso lo que predica su nuevo líder», ha espetado al PP, en referencia a Alberto Núñez Feijóo.

Pedro Antonio Honrubia, de Unidas Podemos, ha explicado que no comparte el cien por cien del informe, pero sí su espíritu, y ha destacado la necesidad de evitar que estas administraciones independientes «sean utilizadas para hacer oposición a un Gobierno legítimo».

Tanto el popular Jesús Postigo como Juan Ignacio López-Bas, de Cs, han incidido en que, en lugar de mejorar la independencia de las autoridades independientes, estas recomendaciones buscan justo lo contrario. También Mikel Legarda, del PNV, ha subrayado que mantiene una «discrepancia profunda» con el contenido del informe para justificar su rechazo al mismo.

De su lado, Carlos José Zambrano, de Vox, ha señalado que el método de elección de los responsables de estas entidades por el que aboga el informe evidencia que todos los partidos salvo el suyo «ponen sus intereses por delante de los de España». A su juicio, tendría que elegirlos un comité de expertos elegidos a su vez por el Congreso.