El Congreso aprueba la senda de déficit y se someterá de nuevo a la mayoría absoluta del PP en el Senado
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas entre 2024 y 2026, de modo que se elevarán al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y ya los tumbó en una primera tramitación el pasado 7 de febrero.
La votación ha quedado en 176 votos a favor, de PSOE, Sumar, PNV, ERC, EH Bildu, Junts, Coalición Canaria, BNG y Podemos; y 171 en contra, de PP, Vox y UPN. Con el mismo resultado se ha aprobado el plan de reequilibrio que acompaña a los objetivos, una hoja de ruta presupuestaria para el próximo trienio.
Los objetivos fijan un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones Públicas, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y para 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario.
Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, un 0,1% en 2025 y al 0% en 2026. El techo de gasto, por su parte, se eleva a 199.120 millones de euros en 2024, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
En lo que respecta al objetivo de deuda pública, el Gobierno prevé un 106,3% del PIB en 2024, del 105,4% en 2025 y del 104,4% e 2026. Por último, la regla de gasto se sitúa en un 2,6% para este año, un 2,7% en 2025 y un 2,8% en 2026.
Y EL SENADO DECIDE DE NUEVO
Tras superar su trámite en el Congreso, la historia se repite y será el Senado quien tenga la última palabra sobre estos objetivos, que son un primer paso que abre el camino a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.
Pero si se consuma un segundo veto a la senda de déficit, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avisado que los objetivos fijados serán los remitidos a la Comisión Europea en abril dentro del Programa de Estabilidad, lo que se traduciría en una menor capacidad de gasto para comunidades y ayuntamientos.
En los planes del Gobierno no está ese segundo veto a los objetivos, pues nunca ha sucedido, pero sí ocurre Hacienda tiene un plan B , que es un informe de la Abogacía del Estado sustentado en el artículo 135 de la Constitución que permitiría la tramitación presupuestaria con la senda remitida a Bruselas.
