El Congreso aprueba la futura Ley Cooperación que fija el 0,7% en ayuda al desarrollo con la abstención del PP

El Gobierno saca adelante la norma que reemplaza a la de 1998 gracias al apoyo de sus socios de legislatura

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible que fijará destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte del 2030 con un amplio respaldo pero con la abstención del PP.

Los populares han optado finalmente por no dar su apoyo a un texto en el que sin embargo han reconocido que se han recogido buena parte de las enmiendas que habían presentado gracias a acuerdos transaccionales con otros grupos pero que creen que aún se puede mejorar en su tramitación en el Senado.

Su portavoz, Paloma Gázquez, ha sostenido que el PP es «un partido de Estado y que siempre quiere lo mejor para España y para la cooperación» de ahí su abstención, aunque ha vuelto a apelar al «sentido de Estado» de los socialistas, recordando que cuando se aprobó la Ley de Cooperación Internacional vigente, en 1998, los populares aceptaron todas las enmiendas presentadas por el PSOE.

«No podemos apoyar esta ley porque tiene carencias pero no vamos a propiciar el más mínimo parón porque ahí fuera nos necesitan mucho, por ello nos abstendremos», ha explicado, confiando en el trámite en el Senado. «Hágamos que esta ley siga reflejando el gran país que es España y mejorémosla», ha instado a Gobierno y socialistas, tras defender que la cooperación tiene que ser una política de Estado.

En el debate han estado presentes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, y el director de la AECID, Antón Leis. El ministro ha agradecido el «apoyo mayoritario» expresado por los grupos ante una ley «necesaria» y que permitirá «un sistema de cooperación más eficaz».

«Desde el Gobierno sabemos que es una ley de Estado que tiene que sumar a todos y hemos hecho el esfuerzo» para que así sea, ha sostenido, destacando que se han aceptado el 60% de las enmiendas presentadas y el proceso participativo previo para la elaboración del proyecto de ley, al tiempo que ha agradecido el talante con el que se ha tramitado.

Albares había pedido el mayor consenso posible para sacar adelante una ley que traerá aparejada, entre otras cosas, una futura enmienda de la AECID y también un nuevo Estatuto del Cooperante, esgrimiendo que está llamada a perdurar en el tiempo.

RESPALDO MAYORITARIO

Finalmente, el respaldo ha venido de PSOE y Unidas Podemos, así como del resto de grupos, incluidos los independentistas y Ciudadanos, con la única salvedad de Vox, que fue el único grupo parlamentario que presentó una enmienda a la totalidad, que fue rechazada, y que ya en comisión había votado en contra, como también lo hizo entonces el PP.

Los distintos portavoces se han mostrado satisfechos del resultado logrado tras las enmiendas que se aprobaron en la Comisión de Exteriores hace una semana, aunque han admitido que el texto no completamente de su agrado.

«No es un texto perfecto, pero es mejor que el salido del consejo de ministros», ha dicho el portavoz de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas, cuyo partido quería un mayor reconocimiento al papel que puede desempeñar las empresas en materia de cooperación así como que el 15% de la AOD se destine a acción humanitaria, frente al 10% recogido en el texto.

Desde los partidos independentistas se ha celebrado que se hayan mejorado algunos aspectos relacionados con la cooperación descentralizada que realizan las comunidades autónomas y los entes locales y también con la cooperación delegada de la UE.

Así lo han expresado tanto la portavoz del PNV, Josune Gorospe, cuyo grupo presentó por este motivo una enmienda a la totalidad que luego retiró tras hablar con el Gobierno, como la de Junts, Mariona Illamola, que ha afeado la «falta de voluntad de negociación» del Ejecutivo en cuanto a los planteamientos que formuló su partido.

Por su parte, la portavoz de ERC, María Carvalho Dantas, ha destacado que se trata de «una ley de mucho consenso» si bien «el consenso no lo ha podido todo y han quedado muchos flecos», mientras que el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, para quien el texto de la nueva ley «es más que aceptable» y en cualquier caso «mejor» al de la actual.

También el portavoz de Unidas Podemos, Pedro Antonio Honrubia, ha dicho que su grupo no puede «estar contento del todo» si bien ha celebrado la «disposición» del PSOE en todo momento a negociar, mientras que la portavoz de los socialistas, María Guijarro, ha aprovechado para agradecer el respaldo recibido, asegurando que se trata de «un día emocionante» para la cooperación aunque «no seamos carne de titular».

CONTENIDO DE LA LEY

La principal novedad de la nueva norma, que ahora tendrá que refrendar en Senado, es que se estipula que España destinará «al menos» el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) «en el horizonte del año 2030». El Gobierno se ha marcado como objetivo alcanzar el 0,5% para el final de la actual legislatura y la previsión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es que en 2023 se alcance el 0,34%.

Por otra parte, en cuanto al papel de la llamada cooperación descentralizada se la identifica como la que «se realiza desde las comunidades autónomas en el marco de sus competencias y la que desarrollan los entes locales y forales (ayuntamientos, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares)».

Asimismo, se sostiene que «es una de las señas de identidad y fortalezas» de la Cooperación Española y «supone una importante contribución a un sistema de cooperación más democrático y a la buena gobernanza desde la complementariedad y la corresponsabilidad». Dicha cooperación, se desarrollará según sus respectivos Estatutos de autonomía y leyes autonómicas como las líneas generales establecidas por sus asambleas legislativas o parlamentos».

Además, como pedían los independentistas, se podrá asociar la cooperación de comunidades autónomas y entes locales, «a partir de sus especialización y capacidades, a las actividades que desarrollen en el ámbito de iniciativas y programas de la UE y de otros organismos multilaterales».

Al hilo de esto, se ha introducido expresamente que «las comunidades autónomas podrán participar en programas de cooperación delegada de la UE en los términos que establezca la legislación comunitaria y de modo consensuado con el Estado.