El Congreso aprueba la derogación de las penas de cárcel para piquetes de huelga, que pasa ahora al Senado

La despenalización sale adelante con votos del PSOE, Unidas Podemos, y del resto de fuerzas de la izquierda parlamentaria

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley que deroga el artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de cárcel específicas para las coacciones de los piquetes de huelga. El texto pasa ahora al Senado para completar su tramitación con idea de que esté en vigor en mayo.

La despenalización, propuesta por el PSOE y pactada dentro del acuerdo de coalición con Unidas Podemos, ha salido adelante con el apoyo de Esquerra Republicana (ERC), EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, el BNG, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias, sumando 189 votos a favor y superando con holgura la mayoría absoluta necesaria para modificar una ley orgánica (176 diputados).

El PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias han votado en contra, lo que suman 151 diputados, mientras que el PNV, el PRC y Coalición Canaria se han abstenido.

La reforma, que deroga este artículo y contempla la revisión de sentencias firmes dictadas de conformidad al mismo, pasa al Senado sin cambios, tras rechazar las propuestas del PP, Vox y el PNV de conservar, con mayor o menor dureza, castigos de cárcel específicos para los posibles abusos de los piquetes.

A partir de ahora, deberá completar su tramitación en la Cámara Alta y únicamente volverá al Congreso para someter a votación los cambios que allí se introduzcan. En todo caso, el PSOE ya ha anunciado que pedirá una tramitación de urgencia –se acortan los plazos a la mitad– para tener en vigor la reforma para el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador.

UNA DEUDA PENDIENTE CON EL SINDICALISMO

Durante el debate final de la iniciativa, al que ha asistido en parte el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la diputada del PSOE Andrea Fernández ha celebrado este día como «histórico», pues considera que esta derogación salda «una de las deudas pendientes que como demócratas» tienen «con el sindicalismo».

Fernández ha reprochado a las fuerzas enmendantes de la derecha que «no pueden contraponer una libertad genérica (el trabajo) con un derecho fundamental (el de huelga)». «Es necesario que entendamos que la protesta tiene que protegerse, porque es consustancial con la democracia», ha reivindicado.

«En una huelga, el piquete más efectivo es el de la patronal», ha aseverado Aina Vidal, de En Comú Podem (Unidas Podemos), que cree que estas penas de cárcel, introducido por el PP en mayoría absoluta «a raíz de sus políticas psicópatas» en la anterior crisis «va en contra del espíritu de la norma». «Convierte al Código Penal en una ley antihuelga , que criminaliza la actividad de sindicalistas o de los propios huelguistas», ha dicho.

¿HABRÁ PENAS MÁS DURAS POR EL DELITO DE COACCIONES?

Por su parte, las formaciones de la derecha parlamentaria han advertido del riesgo de que esta despenalización acabe con penas más duras para las coacciones de los piquetes, al estar más castigado el delito de coacciones, o incluso que se aumenten por contabilizarse tantos delitos como personas coaccionadas, algo que ha señalado el popular Jaime de Olano.

Este diputado ha defendido la redacción vigente del artículo 315, pues cree que protege al trabajador «en las dos esferas», y también ha cargado contra «el trato de favor a encausados o procesados por este delito» que busca la iniciativa, al contemplar la revisión de las sentencias dictadas. «Esto es muy peligroso, mañana lo harán con independentistas condenados por sedición», ha alertado.

«No consideramos acertada la simple y llana derogación», ha manifestado Mikel Legara, portavoz legal del PNV, que ha anticipado un posible «efecto bumerán» con mayores penas por el delito de coacciones, mientras que Juan José Aizcorbe (Vox) ha cargado contra «una bochornosa exposición de motivos impropio de una democracia saludable», pues cree que con ella se busca «ajustar cuentas, plasmar cuitas políticas o publicitar relatos».

NO EXISTE UNA REGULACIÓN DE HUELGA TRAS LA CONSTITUCIÓN

Junto a estas enmiendas, el Congreso también ha rechazado la enmienda del PDeCAT para mandatar al Gobierno a regular el derecho a la huelga, una necesidad que, tal y como ha defendido su diputado Genís Boadella, abierto a apoyar la derogación, «es incomprensible que a fecha de hoy esté regulado todavía en términos preconstitucionales».

Ciudadanos no ha presentado enmiendas, pero su diputado Pablo Cambronero ha avanzado su rechazo, argumentando que habrían aceptado una rebaja de las penas pero no una despenalización de un hecho punible, el de las coacciones, recogido en el Código Penal. Además, ha asegurado que no considera «urgente» esta derogación.

APOYO A LA REFORMA PERO, ¿CUÁNDO SE DEROGA LA LEY MORDAZA ?

Frente al bloque de las formaciones de la derecha, las formaciones de Gobierno PSOE y Unidas Podemos han contado con el respaldo a esta derogación del resto de grupos a la izquierda de la Cámara que, eso sí, han pedido al Ejecutivo más pasos en la derogación de normas aprobadas en tiempos de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

«Hay que ser más valientes, mucho más, porque esta derecha no sería tan blanda si estuviera en el poder», ha implorado Jordi Salvador (ERC), pidiendo la derogación de toda la Ley Mordaza y subrayando que «ningún derecho legal se consiguió sin lucha ni huelga». «Se puede ser liberal, pero lo de hoy (la postura de los partidos de la derecha) es franquismo puro y duro. Salgan un poco de la caverna», ha espetado.

Nestor Rego (BNG) ha recordado que esta derogación forma parte del acuerdo de investidura alcanzado para apoyar a Pedro Sánchez, pero que también las de las reformas de pensiones y laboral, y Albert Botrán (CUP) ha lamentado cómo hay grupos que «sólo se acuerdan del derecho del trabajo cuando hay huelga». «No se debe confundir el derecho al trabajo con el derecho a hacer el esquirol, que no existe», ha concluido.

A MÁS SINDICALISMO Y ORGANIZACIÓN, MEJORES SALARIOS

El portavoz laboral de EH-Bildu, Oskar Matute, ha lamentado «el último intento desesperado de la patronal a través de sus terminales políticas» para frenar la derogación, destacando que la propuesta del PNV pasaba por castigar con penas de cárcel a acciones que pudieran conducir a una huelga. «¿Es eso punible?», se ha preguntado, subrayando que «nadie hace huelga ni va a la huelga por capricho, se hace por necesidad».

Finalmente, ha apuntado cómo se señala al País Vasco y a Navarra «como unos privilegiados dentro del Estado» por sus niveles de renta y mejores salarios, cuando es «la zona de Europa con más huelgas en el siglo XXI». «¿Se han parado a pensar que una base sindical organizada y fuerte tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores?», ha cuestionado.